Sin pena ni notoriedad ha pasado la conmemoración del séptimo aniversario de la celebración del referéndum independentista ilegal del 1-O. Una concentración en la plaza San Jaime de Barcelona, que escasamente ha reunido a un millar de personas, y declaraciones altisonantes de los líderes que protagonizaron el pulso al Estado de derecho y el intento de romper la Constitución en 2017, eso ha sido todo.
El secesionismo, sin mayoría en el Parlament, pero sí en la Mesa, ha recordado los hechos de aquel día con la sensación de que el movimiento está volviendo a la irrelevancia política previa al ‘procés’. La gala legislativo de aquellos abriles, la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno (artículo 155) y los resultados electorales posteriores (ningún partido secesionista ha vuelto a superar unas elecciones al Parlament) son, sin duda, un baño de verdad.
En la concentración de la tarde, a las puertas del despacho oficial de Salvador Illa (PSC), presidente de la Generalitat desde agosto, al que los manifestantes han calificado de «españolista» según el manifiesto que se ha sabio, se ha reivindicado el 1-O como «revolución democrática». La concentración estaba convocada por la Assemblea Doméstico Catalana (ANC) y los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y se han quedado allá de las expectativas de satisfacer la plaza San Jaime.
Aun así, los convocantes han hecho un convocatoria a que los independentistas recuperen «la fuerza y la iniciativa política en la calle, en el trabajo y en casa, pero además en las instituciones».
Y más allá de denunciar «cualquier ataque» contra el movimiento secesionista, se ha pedido que todos, partidos, colectivos y ciudadanía, trabajen «nuevas formas de presión y desgaste al Estado en todas sus formas» y «que provoquen al Estado de forma creativa para retornar a obligarlo a quitarse la careta que se ha podido poner a luceros internacionales gracias a los indultos, la perdón y todas las otras farsas que nos quieren entregar como pactos».