Carmen, una mujer de 78 abriles que reside en la villa alicantina de Rojales, heredó de su tío un habitáculo en Palma de Mallorca. Sin más pretensión que cubrir los gastos que genera la vivienda, decidió alquilarla a un precio de 365 euros mensuales, incluida plaza de aparcamiento. Así encontró a una pareja rusa que le recomendaron los vecinos y que abriles posteriormente se separaron. Ella, que se quedó en el calle, dejó de retribuir durante la pandemia y desde entonces ya debe 10.397 euros mientras han descubierto que lo realquila en Airbnb a 40 euros la tenebrosidad.
«Se está riendo de nosotros a más no poder», relata Manuel, hijo de Carmen, a torrevieja news today. Según tiene cuantificado y perfectamente desglosado la tribu de la propietaria perjudicada, la ‘inquiokupa’ habría obtenido beneficios superiores a 15.000 euros con el arrendamiento ilegal de la casa durante los últimos abriles. Una situación de la que les avisaron sus vecinos y que pudieron certificar al verla anunciado en conocidas plataformas turísticas.
«Los invitados de la inquilina llegan a cualquier hora del día o de la tenebrosidad. Tocan el timbre en toda la casa si olvidan sus llaves, siempre hay maletas en la zona de la entrada y en la escalera de nuestra casa y llegan ruidosos y borrachos. La situación es insostenible», así reza una de las quejas vecinales que Manuel adjuntó en la denuncia contra la arrendataria.
Según relata el hijo de la afectada, la mujer dejó de retribuir durante la pandemia del Covid-19. «Nos dijo que no podía retribuir y nosotros lo entendimos porque todos estábamos asustados», señala a este publicación. «Luego nos dijo que el Gobierno balear sacó una ley mediante la que ella sólo iba a retribuir la porción del arriendo», añade.
En paralelo, Manuel confirmó en una entrevista con la radiotelevisión pública valenciana À Punt que la inquilina tiene en vigor una orden de tirada desde julio de 2021, que se ha ido prorrogando hasta asistir a la presente. «Tiene unos ingresos que duplica a los de mi raíz, que cobra 700 euros de pensión, y a ella sí la consideran relajado, mientras le pagan los gastos del habitáculo», clama el primogénito de Carmen.
Imagen del extranjero de sillar de apartamentos donde vive la ‘inquiokupa’ en Palma
De acuerdo con lo que han podido investigar, el calle ha estado alquilado en Airbnb a un precio de 40 euros la tenebrosidad. Durante los abriles 2019 y 2022, calculan que se ha llevado un beneficio ilícito superior a los 15.000 euros. «Alquilaba una o dos habitaciones y cuando eran las dos ella y su hijo dormían en el sofá cama», cuenta Manuel.
«Nos dijo que la ampara la ley»
La vivienda ya no se encuentra para arriendo vacacional en la citada web pero, según le consta a la tribu propietaria, «sigue entrando y saliendo familia», tal y como certifican los vecinos, quienes la han llegado a denunciar. «Hace un mes la llamamos para asimilar qué iba a hacer y nos dijo que la ampara la ley. Cuando mi raíz le preguntó que quién la ampara a ella, nos dijo que le ayudaran sus hijos», recuerda.
Entre la documentación que aportan en su denuncia aparecen decenas de reseñas de clientes del habitáculo turístico ilegal, así como las imágenes que se publicaban en los anuncios de su vivienda. «Zona residencial de la ciudad con toda la infraestructura, transporte, comercios, parque, centro de la ciudad y el mar en 15 minutos andando», así describía el calle.
Captura del anuncio del calle en Airbnb
«Todo muy honesto y correcto, yo diría que poco ajustado para tres personas pero ideal para una pareja. La iluminación de la habitación un poco improvisada pero está proporcionadamente. Eso sí por la amabilidad de la dueña volvería sin dudarlo», escribía un cliente. «Nos gustó mucho la habitación pero parecía efectivamente de un gurí y así había muchas cosas suyas. Es lo que nos esperábamos por el precio», relata otro sucesor en las reseñas de Airbnb.
«Queremos hacer todo lo posible para que las Administraciones públicas se den cuenta y no prorroguen más el tirada. Si necesita un habitáculo social que se la den, pero que no sea mi raíz quien tenga que mantenerla», defienden Manuel y Carmen, a quien debe más de 10.000 euros en concepto de arriendo.