El Tribunal Constitucional estudiará la próxima semana si admite a trámite el solicitud del Gobierno contra el protocolo de menores migrantes permitido por el Ejecutante canario, que en estos momentos se encuentra suspendido cautelarmente por orden del Tribunal Superior de Conciencia de Canarias (TSJC).
El solicitud de Moncloa se dirige en concreto contra el acuerdo del Gobierno de Canarias del 2 de septiembre, en relación con los menores extranjeros no acompañados, así como contra la resolución de la Dirección Militar de Protección a la Infancia y las Familias del 10 de septiembre, por la que se establece el protocolo territorial de recibo de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias.
La corte de garantías analizará la admisibilidad a trámite de la impugnación de Moncloa en almohadilla a una ponencia redactada por el magistrado conservador Ricardo Enríquez.
Fue el pasado 24 de septiembre cuando el ministro Querubín Víctor Torres anunció que el Gobierno había pactado padecer al TC el protocolo canario luego de que el Consejo de Estado dictaminara que «existen fundamentos jurídicos suficientes» para recurrirlo.
Haciéndose eco de dicho juicio, Torres apuntó a un conflicto de competencias porque, si acertadamente las comunidades autónomas pueden aprobar sus protocolos territoriales, «no pueden introducir requisitos no previstos en la norma estatal para la recibo de los menores extranjeros no acompañados».
Encima, el Consejo de Estado señaló que «las dificultades que pudieran existir en la identificación y determinación de momento» de estos inmigrantes, así como «la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos«, no son circunstancias que »permitan razonar un eventual rechazo de la comunidad autónoma a la recibo de los menores localizados en su paraje ni atrasarse la atención inmediata que los mismos puedan requerir«.
Cerca de recapacitar que este asunto ya es objeto de querella en la competencia ordinaria por una denuncia de la Fiscalía. El pasado lunes, el TSJ canario descartó alzar la suspensión cautelar del citado protocolo, rechazando así las alegaciones del Ejecutante canario.