Las leyes agrarias, después de las leyes presupuestarias, suelen estar entre las más complejas (a veces incluso más) a la hora de redactarlas y aprobarlas por parte de los gobiernos regionales. La actual mayoría absoluta del PP en la Cámara regional parece que podría suavizar su tramitación, más allá de las modificaciones que se acepten en su rumbo y redacción.
El actual Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso quiere que la legislación en este sentido, que se encuentra en fase inicial de redacción y que confía se tramite a mediados de 2024 para que pueda ser aprobada por la Asamblea a finales de ese año, represente un alivio burocrático para los ayuntamientos. Al fin y al cabo, los diferentes planes urbanísticos deben contar en última instancia con la aprobación de la Comunidad de Madrid. Uno de los ayuntamientos que está preparando uno nuevo es el de la capital.
“La idea es facilitar el desarrollo económico y urbanístico de los municipios y así incentivar la enajenación de suelo para mitigar el déficit estructural de vivienda que sufre la región”, explicó el concejal Carlos Novillo, quien destacó que todas las viviendas construidas conservarán un porcentaje del titularidad pública y, por tanto, se destinará a la promoción social.
El texto quiere estipular, por tanto, la simplificación de procesos y plazos, así como “la flexibilidad en la calificación de usos, lo que permitirá dotar de mayor agilidad al proceso de planificación”. Es decir, la Ley del Suelo que salga adelante no entrará tanto en detalles, en usos demasiado específicos, algo que quedará en manos de los ayuntamientos; más, teniendo en cuenta las nuevas realidades que hasta ahora no se habían contemplado, como la reconversión de locales en viviendas, apartamentos turísticos, ‘coliving’ y ‘cohousing’, o las llamadas ‘cocinas fantasma’.
“Esto significa que se trata de conseguir un urbanismo con mayor autonomía municipal, donde la planificación detallada sea específica del municipio, y debe encajar con la planificación del territorio”, añaden las mismas fuentes.
Nuevas alcantarillas
La principal empresa de la Comunidad, el Canal de Isabel II, depende del Ministerio de Medio Ambiente. Tras los desastres provocados por la DANA este septiembre, el objetivo es facilitar el diseño y ejecución de inversiones por parte de los ayuntamientos que permitan “prevenir inundaciones, vertidos y otros problemas derivados de deficiencias en las redes de alcantarillado”.
El Plan Sanea ya ha identificado y presupuestado mejoras en más de 90 municipios. Con ellos mantiene convenios de gestión de alcantarillado. La inversión que avanzaría el Canal de Isabel II, explicó Novillo, será de más de 500 millones de euros.
Además, ya se están ejecutando las obras para renovar otros 300 kilómetros de redes municipales de saneamiento, que suponen una inversión de 400 millones de euros.
El objetivo es optimizar la red de alcantarillado local para “convertirla en la más eficiente y moderna de España, de forma que se garantice el correcto transporte de las aguas residuales para su depuración”.
Clúster de alimentos
En materia de agricultura, el Ministerio va a crear este octubre el primer cluster alimentario de la región: «Más de 100 empresas e instituciones han mostrado interés en participar en esta nueva red que, desde una visión conjunta, permitirá poner en marcha iniciativas que aumentan la competitividad en todas las fases de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la comercialización. Se hará con la colaboración público-privada, integrando al sector primario, productores, distribuidores, industria transformadora, canal Horeca (hotelería, restauración y restauración), marketing (grandes marcas y pequeños comerciantes) y el sector de investigación e innovación.
Es una forma de promocionar el producto madrileño y trasladarlo a las cartas de los mejores restaurantes. En la Comunidad de Madrid existen 4.800 explotaciones ganaderas y 8.200 explotaciones agrícolas, además de 1.685 industrias agroalimentarias.