Andalucía convocará una segunda tiraje del software del Plan de Inquilinato Adolescente por el que se entrega una ayuda de 250 euros mensuales a jóvenes que se encuentren arrendando un firme. Así lo ha determinado el Empleo de Vivienda con todas las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía en la reunión sectorial que se ha mantenido en Madrid y en la que ha estado presente la consejera andaluza Rocío Díaz.
En esta segunda tiraje, el Gobierno central ha repartido entre las comunidades autónomas 200 millones de euros, la parte que en la primera tiraje de 2022, de los cuales a Andalucía se le han asignado 34,2 millones de euros, un 17% del total. El porcentaje es, luego, prácticamente equivalente a la población.
El Empleo, a través de su titular Isabel Rodríguez, ha invitado no obstante a todas las comunidades autónomas a complementar con medios propios los fondos aportados por el Estado, posibilidad que de momento no está previsto que se lleve a límite en Andalucía.
La consejera andaluza ha votado a privanza del progreso de una nueva convocatoria y del capital asignado a Andalucía, aunque lo ha hecho con matices: mantiene su desacuerdo con las bases generales del software a las que la Sociedad de Andalucía atribuye los problemas de mandato de la primera convocatoria que se lanzó en 2022 y que aún no se ha llegado a abonar por completo a los jóvenes beneficiarios.
«El Gobierno ha vuelto a hacer caso omiso a las sugerencias que hemos realizado para evitar trabas innecesarias de origen. La primera tiraje se tradujo en una pesadilla administrativa para la mayoría de las comunidades y sobre todo para los solicitantes. Si quieren que el capital llegue pronto a los jóvenes deben simplificar la tramitación aunque eso suponga cambiar el decreto flagrante», explicó la consejera andaluza de Vivienda tras la reunión.
La mandato del Bono Inquilinato Adolescente por parte de la Sociedad de Andalucía ha sido uno de los argumentos principales de crítica de la examen durante los últimos primaveras e incluso ha derivado en la configuración de una plataforma de afectados que viene reclamando reiteradamente el plazo de las cuantías pendientes y la resolución de los expedientes.