La consejera socialista de Imparcialidad del País Vasco, María Jesús San José, ha concedido el tercer cargo penitenciario a dos terroristas de ETA que, según las familias de las víctimas, no han mostrado retractación ni han pedido perdón por sus crímenes. Los familiares de las víctimas de terrorismo están indignados por las decisiones del partido socialista.
Los beneficiarios de esta medida son Luis Mariñelarena y Harriet Iragi, los dos condenados por graves delitos de terrorismo. Mariñelarena participó en el atentado que costó la vida al abogado y miembro del Parlamento Vasco del Partido Socialista, Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díez en el año 2000. Por otra parte, Iragi, miembro del ‘comando Andalucía’, fue responsable de los asesinatos del concejal del Partido Popular, José María Martín Carpena, del coronel del Ejército del Aerofagia, Antonio Muñoz, y del fiscal del Tribunal Superior de Andalucía, Luis Guardameta.
Las familias de las víctimas han expresado su indignación frente a la intrepidez de la consejera socialista. Daniel Guardameta, hijo del fiscal asesinado Luis Guardameta, ha calificado la medida como “absolutamente arbitraria” y ha manifestado estar “absolutamente frustrado con el incumplimiento de la ley universal penitenciaria“. Por otra parte, Mikel Buesa, hermano de Fernando Buesa, ha insistido en que “todavía le quedaban 8 abriles de condena“, y que se prostitución de una cuestión de “cumplimiento cumplidor de la ley”.
Para que un preso por terrorismo obtenga el tercer cargo, debe cumplir dos condiciones fundamentales: pedir perdón y colaborar con la neutralidad. Según las familias de las víctimas, ni Mariñelarena e Iragi han cumplido nadie de estos requisitos.
La intrepidez de la consejera San José contrasta con sus propias declaraciones del pasado mes de julio, cuando afirmó que trabajarían para que los presos de ETA salieran de prisión “admitiendo no solo el dolor, sino la profunda injusticia del daño causado“.
El ministro del Interior, Fernando Magnate-Marlaska, ha aparecido en defensa de la intrepidez, argumentando que “estas resoluciones en una democracia se dictan en parámetros de cumplimiento cumplidor de la ley“. Sin bloqueo, tanto Daniel Guardameta como Mikel Buesa han marcado a Marlaska de mentir y de olvidar convenientemente la ley para satisfacer acuerdos políticos con los herederos de ETA.
66 etarras han obtenido el tercer cargo
Estas concesiones de tercer cargo se suman a una inventario creciente desde que se cedió la competencia en prisiones al País Vasco hace tres abriles. Según datos del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), desde que el Ejecutor vasco gestiona las cárceles se han concedido terceros grados a 66 etarras, 41 libertades condicionales y 23 condenados por terrorismo han cumplido la totalidad de sus penas.
La asociación Covite, presidida por la instigador y abogada Consuelo Ordóñez, ha expresado su “chasco total” con la nueva consejera socialista y ha denunciado estas “excarcelaciones encubiertas” de presos condenados por graves delitos de terrorismo. Covite subraya que los dos presos han cumplido con las directrices del colectivo de etarras de no lamentar y son aclamados por la izquierda abertzale en sus actos de apoyo.
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