La Acoplamiento de Andalucía, al igual que el resto de comunidades gobernadas por el PP en España, volvieron a llevar a escena mecanismo de influencia en su reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Mantienen su rechazo a que el Gobierno introduzca medidas que incentiven o penalicen a las autonomías que no apliquen las medidas de intervención en el mercado de arrendamiento que establece la ley estatal de 2023. Andalucía es una de ellas.
«La Acoplamiento de Andalucía cumple con la Ley estatal de Vivienda pero hay una parte que es potestativa de cada comunidad como es la proclamación de zonas de arrendamiento tensionado. Andalucía no está de acuerdo con intervenir el mercado y no vamos a aplicar esas zonas tensionadas porque son recetas que se ha demostrado que no solucionan los problemas, sino que los agrava, ya que los precios han subido, hay más inseguridad jurídica y los casos de ocupación ilegal han aumentado», detalló la consejera de Fomento, Vivienda y Colocación del División Rocío Díaz.
Delante esta posición de todos los gobiernos autonómicos de España (a excepción de Cataluña) de no determinar zonas de arrendamiento tensionadas, el Gobierno de España anunció la pasada semana la posibilidad de introducir medidas de penalización en el reparto de fondos y programas de ayudas estatales, un planteamiento que la Acoplamiento de Andalucía calificó de «chantaje». Seguidamente la ministra Isabel Rodríguez matizó que el planteamiento no es penalizar a quien no cumpla, sino premiar a quien lo haga.
«Le pedimos que rectifique y cese en esa política de castigos y premios que lo único que crea son desigualdades entre unas comunidades autónomas y otras», concluyó la consejera.
En contraste con ese maniquí, la Acoplamiento de Andalucía ha diseñado su propio borrador de ley en el que nohay ninguna medida de intervención pública directa sobre los precios del mercado del arrendamiento. La desafío de la Acoplamiento de Andalucía es establecer las bases para que aumente y se acelere la construcción de vivienda, al entender que hay una error de propuesta en la comunidad autónoma, y aumentar la protección sobre los propietarios.