El Judicatura de Instrucción número 3 de Collado Villalba ha solicitado a la empresa explotadora de una residencia de mayores documentación sobre la plantilla, la formación de los trabajadores y el material médico que había en el geriátrico durante el inicio de la pandemia en el situación de una de las causas en las que se investigan las posibles negligencias por la no derivación de pacientes a hospitales.
Así consta en un utilitario, al que tuvo paso Europa Press, en el que el magistrado acuerda una serie de diligencias instadas por el PSOE, entre ellas la citación como testigos de dos médicos. Uno de ellos es el principal de Gerontología del Hospital Rey Juan Carlos de Madrid.
La querella que dio origen a la causa y que parte de los familiares de una fallecida en una residencia en el inicio de la pandemia se dirige contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Paje por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente.
Hace un año, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al magistratura reabrir este procedimiento al estimar un petición interpuesto por la comunidad contra el archivo de la causa, instando a la praxis de diligencias necesarias para determinar si concurre o no indicios del citado delito.
En concreto, se acuerda la revelación testifical de dos doctores, para lo que se requiere a la representación procesal de la energía popular para que en el plazo de 5 días aporte nombre y apellidos completos de dichos doctores, domicilio y teléfono de los mismos.
De igual modo, se insta a Sanitas Mayores para que aporte a la causa el inventario de material inodoro existente en la residencia al momento de los hechos, así como el inventario de medicamentos y respiradores al momento de los hechos en la residencia de autos.
Asimismo reclama el Horario sindical del personal en el momento de los hechos, números de trabajadores, formación y titulación, así como los protocolos de aislamiento de las residentes fallecidas y hojas de control del mismo.
El magistrado reclama encima datos sobre los ratios que tiene estipulados por legislatura y los operativos al momento de los hechos, en relación al número de residentes y personal, así como la justificación del personal con formación en cuidados paliativos, justificación de su excursión de trabajo esos meses, y justificación del suministro médico existente para proporcionar esas medicaciones.
Por ahora, ya hay 25 procedimientos cerrados por el fallecimiento de ancianos por Covid en residencias públicas de la Comunidad de Madrid al no acreditarse la comisión de delito alguno en relación a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales en la primera ola de la pandemia.