El titular del Curia Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Doméstico, José Luis Calama, ha admitido las tres denuncias colectivas por ilícitos de presunta estafa contra el club financiero de criptomonedas Madeira Invest y su promotor, el patrón Álvaro Romillo, quien declaró delante la Fiscalía que había realizado un cuota de 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, para gastos de su campaña.
En una resolución notificada este viernes, el instructor descarta no obstante la inhibición al Tribunal Supremo que pedía una de las plataformas denunciantes por la afectación de Alvise, que es aforado. Razona que no pespunte con la mera afirmación del patrón para elevar una exposición razonada: tienen que aflorar indicios sólidos durante la investigación.
«La exposición razonada que ha de ser remitida para la investigación de cualquier aforado sólo será procedente cuando aparezcan indicios de responsabilidad», razona el instructor citando la doctrina del Tribunal Supremo y el Constitucional al respecto, para rememorar que esos indicios han de tener un «nivel cualificado».
Añade que, no obstante, la regulación autoriza la transigencia de diligencias en las que pudiera encontrarse afectado un aforado, que puede participar del proceso e incluso determinar voluntariamente, sin que eso vulnere sus derechos constitucionalmente reconocidos, «puesto que la atribución del estatuto de ‘imputado’ no requiere de suplicatorio y la autorización parlamentaria se precisa tan sólo para «inculpar» o «procesar», pero no para imputar».
Queda así a un costado este asunto y echa a rondar la investigación sobre las actividades de Madeira Invest Club. La resolución descarta todas las medidas cautelares que pedían los denunciantes porque no está formalizada su personación en la causa. En una resolución a distancia, se resolverá en concreto lo que pedía la Fiscalía, entre otras cosas, determinar la causa bajo secreto de sumario.
Las tres denuncias fueron interpuestas por Ances, Asociación Doméstico para la Defensa del Consumo Castellano de Servicios, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas contra Álvaro Romillo como responsable del Colección Madeira Invest Club, la persona jurídica y otros responsables y entidades.
En su automóvil, el magistrado indica que una vez determinado que los hechos son susceptibles de constituir una desfalco, sin perjuicio de la calificación jurídica que se realice en el momento procesal oportuno, aparece con «meridiana claridad» que pueden ser constitutivos de un delito de estafa y que serían competencia de la Audiencia Doméstico por el número de perjudicados y la cuantía de lo supuestamente defraudado: una cantidad superior a los 11 millones de euros.