El presidente de la Confederación de Hostelería de Ourense, Ovidio Fernández, se sentará el próximo miércoles en el banquillo de la Audiencia Provincial, perceptible de un delito de apropiación indebida. Adjunto a él, estará el secretario de la entidad, todavía imputado en esta causa. Entreambos se enfrentan a 3 abriles y seis meses de prisión por deber recibido unas cantidades de órganos subvencionadores que no fueron destinadas a satisfacer el cuota de los servicios subcontratados y que, en su área, fueron a detener a las cuentas de la entidad.
Según el escrito de la Fiscalía, la Confederación contrató a dos empresas para sufrir a punta cursos de formación. Una de ellas proporcionó los profesores que impartieron las clases, mientras que la otra suministró los materiales necesarios. Conveniente a la descuido de bienes económicos, ambas compañías prestaron todavía cuartos a la agrupación de hosteleros para realizar la formación.
La cantidad entregada en concepto de préstamo fue de 20.181 euros, y el cuantía por la realización de los cursos alcanzó los 20.034 euros. En el caso de la otra compañía, los préstamos fueron de 21.628 euros y 19.425 euros, respectivamente. Todo ello según el Ocupación Notorio, con la condición de que les serían devueltos los préstamos una vez la Xunta de Galicia y la Fundación Tripartita de Formación para el Empleo entregasen las subvenciones correspondientes. Sin requisa, la Confederación no reintegró estas cantidades como se había pactado.
El caso llegó a los juzgados por la vía civil, donde la Audiencia Provincial condenó a la Confederación de Hostelería de Ourense a avalar 41.054 euros a una de las empresas y 40.216 euros a la otra, por otra parte de los intereses y las costas, explica la Fiscalía.
Casi tres abriles luego, la primera empresa todavía debía cobrar 25.531 euros en concepto principal y 8.273 euros por costas, y la segunda 20.109 euros y 5.792 euros en costas. Según la Fiscalía, “los acusados percibieron unas cantidades por parte de los distintos órganos subvencionadores, que debían ser destinadas al cuota de los servicios subcontratados, pero que no fueron satisfechas, sino que fueron a detener a las cuentas de la Unión Empresarial de Hostelería de Ourense“.
Por ello, la Fiscalía pide una condena de tres abriles y seis meses de prisión para cada uno de los acusados, anejo con una multa de 9 meses con una cuota diaria de 10 euros. Encima, solicita que abonen solidariamente 25.531 euros a una de las empresas y 20.109 euros a la otra, más los intereses legales en los dos casos, en concepto de responsabilidad civil.