El BNG incide en el concierto para Galicia ante un modelo «discriminatorio»


Tras insistir en la obligación de que Galicia siga la senda de Cataluña y País Vasco respecto a su salida del régimen global de financiación autonómica, el BNG presentó ayer en detalle su propuesta para un concierto financiero gallego. Unas jornadas celebradas en el Hotel Congreso donde se repitió el mensaje de que la financiación avala «a un debate político, no técnico», ya que los nacionalistas defienden que contar con su propio sistema de financiación «supone un examen de facto de la naturaleza diferencial de una comunidad autónoma respecto a las demás, de su carácter franquista».

Partiendo de los referencias históricos sobre esta reivindicación, que remontan al regionalista Alfredo Brañas en el siglo XIX, el BNG defiende que Galicia debe tener «la grifo de su metálico» para demostrar su «viabilidad financiera» y evitar «la posición dominante del Estado» sobre la Comunidad respecto a las prioridades de consumición. De hecho, cifran en 5.344 millones el «espolio fiscal» que, dicen, sufre Galicia respecto a España según los datos de arqueo del sistema de financiación de 2022 que nutre al mensaje cuidado por Xosé Díaz.

Un nuevo régimen entre el Estado y Galicia que se pactaría «de forma doble» para aventajar «un maniquí discriminatorio para Galicia», con la capacidad para cobrar y diligenciar todos los impuestos generados en la Comunidad, incluyendo «los de las grandes empresas que están explotando nuestros bienes naturales pero cotizan en Madrid», según afirmó la portavoz franquista de la formación nacionalista, Ana Pontón.

La líder del BNG explicó que hay dos formas de invadir la cuestión financiera. Por un costado, el maniquí del PP «con retoques cosméticos de un sistema injusto» y, por otro costado, el maniquí del BNG, que tiene como objetivo permitir a Galicia «tener la grifo de su metálico» para que poder atreverse «sobre lo suyo, sin complejos y con ansia de país». Asimismo se dirigió directamente al líder de los populares en Galicia y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que calificó como «el presidente más desleal de nuestro país» y le acusó, como en otras ocasiones, de «servilismo al centralismo y al PP de Madrid», al que «no va a dejar» que convierta Galicia en una «comunidad de segunda».

Adicionalmente, Pontón criticó que el Estado «hace caja con Galicia», porque la comunidad gallega «aporta más» vía impuestos que lo que recibe de financiación. «En 2022 el Estado recaudó 15.385 millones de euros y Galicia solo recibió 10.041», señaló en relación al estudio cuidado por el economista Xosé Díaz

«Succión» de los bienes

Adicionalmente del viceconsejero de Hacienda del País Vasco, Iñaki Alonso, que explicó el maniquí de concierto en el que se inspiran los nacionalistas gallegos; el autor del mensaje donde se cifran los más de 5.000 millones de euros que el Estado «expolia» de Galica, Xosé Diaz, defendió sus teoría y arremetió contra el mensaje presentado esta misma semana por el Foro Financiero de Galicia, utilizando apelativos como «trapallada» y «mala fe».

En el mensaje del sindicalista y exdiputado del BNG, Diaz afirma que la «formulación binomial de los bienes para razonar la solidaridad, nivelación, equidad , así como el carácter benefactor de un Estado opresor que se opone con todos sus medios a resolver el problema fundamental», avala a «un problema franquista, que no territorial». Según explica, el maniquí de financiación supone una «succión» de los bienes gallegos que implica la «imposibilidad de practicar el derecho esencial a existir y trabajar» en Galicia, así como la descapitalización de la Comunidad, indicando que la banca utiliza los depósitos de los gallegos para «mejorar el bienestar y la potencia económica de otros espacios, especialmente Madrid».

Asimismo señaló que la «huida» de los bienes generados por las 3.787 empresas gallegas que cotizan fuera de la Comunidad -nombrando a Inditex y Abanca entre otras- suponen la perdida de «millones de euros». Es más, según el mensaje de Díaz, la tributación de todas empresas supone «una succión neta de 60,000 millones de euros» en el periodo comprendido entre 2009 y 2022 a precios corrientes.

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