La Asociación Patronal de Atención Temprana de Andalucía ha decidido que impugnará el pliego de condiciones anunciado la semana pasada por el Consejo de Gobierno de la Agrupación de Andalucía, en el que se precisaba un desembolso de 97 millones para este servicio, pero se mantenía la ayuda pública actual desde 2021, un precio común de 28 euros por sesión que, según quienes lo prestan, no llega ni para cubrir su coste.
La audacia se adoptó en una asamblea genérico que tuvo espacio el pasado viernes 4 de octubre en Málaga y que superó las previsiones tanto de subvención como de consenso. Participaron, presencialmente o por internet, representantes de 90 de los 211 Centros de Atención Inmaduro Temprana de Andalucía y la audacia de impugnar el pliego fue casi concorde.
El presidente de la patronal, Gonzalo Caba, ha mostrado su «satisfacción» por esa pelotón, pero por encima de todo mantiene su sensación de que, de no rectificar, la Agrupación puede verter al obturación a los centros que ofrecen fundamentalmente consultas públicas.
«Si se sigue manteniendo el mismo precio que en 2021, cuando los costes desde entonces hasta ahora se han incrementado, y si el nuevo convenio puede prolongarse hasta 2030, un periodo en el que seguirán subiendo esos costes, está claro que no se lo podrán permitir«, ha explicado Caba, que lamenta que, de suceder eso, »se perderá un servicio manifiesto esencial y los perjudicados serán los niños y sus familiares«.
La patronal asegura estar dispuesta a sentarse a dialogar con la Consejería de Lozanía de la Agrupación de Andalucía, con la que de hecho ha pedido formalmente una reunión, pero rechaza la idea que ha agresivo el Ejecutor andaluz de que no puede vestir más mosca en Atención Temprana.
«Es exactamente lo que se propone hacer con el nuevo convenio, en el que incrementa el número de sesiones que paga, pero haciendo anciano el problema porque, si no cubren el coste, quien las encarga perderá más mosca cuantas más sesiones dé», ha especificado el presidente.
Caba, por lo demás, asegura no entender por qué aquí no se llega a una posibilidad sencilla, como sí ha ocurrido en la Comunidad Autónoma de Murcia. Allí, la contribución de su gobierno es de 33,60 euros por sesión. «El convenio sindical es el mismo, allí que aquí, pero la diferencia es que allí aportan más mosca», ha insistido.
La impugnación del pliego de condiciones, de encaminarse a ese extremo, se hará preferentemente por la vía administrativa, aunque la patronal ha puntualizado que, si por alguna circunstancia esa alternativa no puede realizarse por no cumplirse los plazos legales, acudirán a la vía contencioso.