La suspensión de las negociaciones sobre la reforma de la Ley de Extranjería por parte del PP cuenta con el respaldo de la principal comunidad autónoma gobernada por este partido y una de las más afectadas por el engendro de la inmigración irregular. «El Gobierno de España no ha dicho la verdad, no ha contado toda la información que tenía en su poder. Hay que ser serio en política migratoria», explicó la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España.
La Articulación de Andalucía no ha recibido formalmente ninguna propuesta en la que se plantee un requerimiento de que aumente sus plazas destinadas a acoger menores inmigrantes para ajustarlas a un reparto entre comunidades en función de la población (ahora mismo hay 645) y, luego, elude un posicionamiento directo al respecto. Pero sí fija que antiguamente de murmurar de esa cuestión hay otros temas que resolver.
Concretamente, el Gobierno andaluz sigue poniendo el acento en los 522 menores que llegaron a la comunidad como adultos pero una vez aquí se comprobó, a través de la Fiscalía, que tenían menos de 18 abriles. En ese momento entraron bajo tutela de la comunidad autónoma sin que estén reconocidos como traslados por parte del Gobierno central y luego sin asignación presupuestaria.
«En temas como la inmigración siempre tenemos una mano tendida, pero no puede ser que no nos den toda la información o que haya personas que nos cuelen por la puerta de antes», apuntó la consejera portavoz del Gobierno.
En este sentido, la Articulación de Andalucía advierte de que un aumento de plazas fijas, de las 645 que hay ahora mismo, no se corresponde con las deposición de la comunidad autónoma habituales. De hecho, según la Consejería de Inclusión Social, en los últimos abriles estos dispositivos autonómicos han estado al 50% y en estos momentos se han desbordado, según su relato, por la presentación de los 522 menores que llegaron como adultos a la comunidad autónoma.
Andalucía encima mantiene dos exigencias en relación con la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería. Por un flanco, pide que la comunidad autónoma tenga la misma consideración que Canarias o Ceuta de forma que si en algún momento, como ocurrió en 2018, sufre una crisis migratoria que desborde sus posibles, se active además un plan de contingencia. En segundo sitio, reclama que en materia de posibles económicos para Andalucía se apliquen los mismos criterios que para Canarias o Ceuta donado que además es una comunidad fronteriza.