La viceportavoz primera del BNG, Olalla Rodil, ha estrecho este lunes la comercializadora de energía que anunció la pasada semana el presidente gallego, Alfonso Rueda, a una «cortina de humo» destinada a «seguir beneficiando al lobby energético». Más allá de eso, ha sugerido, en un acto notorio frente a los medios, que la empresa incurrirá en la actos conocida como ‘dumping’ –la saldo a precios desleales por fijarse demasiado a la descenso– y ha proclamado que, en ese caso, su actividad estaría quebrando la norma y, por consiguiente, sería «ilegal». Apoyándose en ese argumento, ha llamado a la Xunta a aclarar si la diferencia «se pagará con pasta notorio».
Rodil, que ha estado acompañada en Santiago por el portavoz de Energía del Sillar, Xosé Manuel Trastazo, ha procesado a la iniciativa autonómica de proponerse «comprar la energía a las grandes productoras» que impulsan los nuevos parques eólicos «para venderla por debajo del precio de mercado», lo que conllevaría realizar «’dumping’» y sería «ilegal». Para compensar el desequilibrio, ha animado al Gobierno gallego la pregunta de si contempla la aporte de fondos públicos o si se hará cargo la parte privada de la sociedad mixta Bienes de Galicia, que impulsa el plan.
En cualquier caso, la viceportavoz nacionalista ha afeado la propuesta de la Xunta por considerarla carencia más que «una gran cortina de humo»: «Es propaganda para intentar hacernos creer a todos que están haciendo poco cuando lo único que está haciendo el PP es seguir avanzando cerca de delante en esa política depredadora, en esa política energética al servicio de las empresas amigas», ha recriminado.
En pleno panorama traumatizado por la parálisis de más de medio centenar de parques eólicos por parte del TSXG, pese a contar todos ellos con el manido bueno autonómico, Rodil ha asegurado que «el gobierno de Rueda intenta calmar el enorme malestar social que está causando su expansión eólico depredador y la inseguridad jurídica generada en el sector por la propia Xunta».
Contraponen su propuesta
Ningún de los dos representantes de la formación nacionalista ha dejado sobrevenir la oportunidad de contraponer su propia propuesta. Según ha expuesto Trastazo, se basaría en una empresa de energía «100% pública» que abarcaría «todo el curvatura en el mercado eléctrico e en el energético» –producción, distribución y comercialización– y asimismo en la creación de una tarifa eléctrica gallega. El objetivo, sin retención, sería el mismo que se marca la anunciada por la Xunta: «comercializar la energía a precios que permitan la competitividad de las empresas y asimismo combatir contra la pobreza energética», ha dicho el portavoz de Energía del Sillar.
En cuanto a su idea sobre una tarifa específica para Galicia que atienda a su exceso de concepción –que va «de un 47% a un 50%» en función del año, cifró Trastazo–, insistió en que «carencia impide» que se establezca –al menos, atendiendo a la norma estatal–, y apeló a su utilidad tanto para «impulsar la reindustrialización» como para «rebajar la elaboración eléctrica del tejido social e industrial».