A la misma mesa se sentaron ayer el Consistorio de Riachuelo de la Encomienda, localidad del alfoz de Valladolid, y la Sociedad de Dirección de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para atracar la situación del edificio Arroyovereda, formado por varios bloques y en el que más de cincuenta viviendas permanecen okupadas.
El objetivo era ir buscando una posibilidad en esta comunidad, donde, según Sareb, ya se han interpuesto «44 denuncias judiciales por la vía civil o penal para solicitar el desalojo de vecinos conflictivos». El conferencia lo han centrado las en torno a de 16 familias que la Sociedad considera que están en una «situación de vulnerabilidad» y que, «según el entorno permitido», no podrían ser expulsadas de las viviendas.
Para ellas, la entidad propone aplicar el software de locación social, que, según indican, conlleva igualmente un seguimiento y cortejo. Uno de estos núcleos ya se ha incorporado a esta iniciativa. Una medida que desde el Consistorio rechazaron de plano, ya que, a su prudencia, supondría «escriturar» a los «okupas».
«Los vecinos de Arroyovereda compraron sus pisos en el mercado expedito y es intolerable que ahora se concedan allí alquileres sociales a personas que accedieron a esas viviendas por la fuerza, ocupándolas», manifestó el el concejal de Presidencia y Seguridad, Alfonso González.
«Se premia al que infringe la ley y se castiga al vecino que se paga su vivienda con su trabajo diario, que son los verdaderos vulnerables aquí», consideró en un comunicado ayer de rememorar que la situación del edificio puede provocar un «propósito llamamiento» y que, adicionalmente, «la convivencia» en la zona «se está viendo afectada» con «con frecuentes intervenciones de la Policía Específico».
Por su parte, desde el Sareb mostraron «su voluntad de resolver esta compleja situación en colaboración con el Consistorio», a quienes expusieron los dieciséis casos que han detectado como «vulnerables» para determinar si se deben incluir en su software de locación social con cortejo.
Los vecinos piden soluciones
La Sociedad «no seguiría delante» con esa medida en tres supuestos, detalló en un comunicado. Perfectamente, si los servicios sociales del consistorio «certifican formalmente» que los residentes de dichas viviendas «no son vulnerables», o «aportan un referencia policial que acredite que son conflictivos», o acertadamente, «alternativamente, facilitan una posibilidad habitacional para las familias afectadas».
De lo contrario, «seguirá delante con su protocolo de mandato de la vulnerabilidad, adecuándose así al entorno permitido establecido», concluyó. Por su parte, los vecinos del edificio aseguraron desconocer que la reunión se iba a celebrar, rechazan igualmente el locación social y piden que se siga avanzando en la posibilidad.