El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado este martes por siete votos a uno la recusación del presidente, Cándido Conde-Pumpido, en el debate sobre la amnnistía, lo que implica que el magistrado participará en la resolución de los fortuna presentados contra la ley. La audacia de no apartarle, que ha tomado un tribunal compuesto sólo por ocho magistrados (al estar el resto de miembros del tribunal cuestionados), despeja el horizonte para que la magistrada y ex detención cargo de Moncloa Laura Díez , asimismo recusada, pueda formar parte del Tribunal, pues una vez resuelto el incidente que afectaba a Conde-Pumpido, éste integrará el Pleno que verá la recusación de su compañera. La mayoría progresista se sitúa así en una situación más cómoda (y determinante a la vez) para atreverse sobre el tercer recusado, el conservador José María Macías, en este caso cuestionado por la Jurisprudencia del Estado de forma anticipada, pues el arbitrio del PP del que este magistrado es ponente ni siquiera se ha admitido a trámite todavía.
La forma en la que Conde-Pumpido ha decidido resolver estas recusaciones no ha estado exenta de crítica, pues la ley establece que los magistrados de cuya imparcialidad se duda no pueden estar presente ni en el debate de su propia recusación, como es obvio, ni en el de otros magistrados recusados. De ahí que en un escrito dirigido al presidente el pasado viernes, el magistrado Macías le instara a no fraccionar las recusaciones planteadas contra ellos y contra la asimismo magistrada Laura Díez y que las tres fueran examinadas de forma conjunta en un solo Pleno y sin intervención de nadie de ellos en ese debate. Los «plenos a la carta» son «un fraude de ley», recordaba el exvocal del CGPJ.
En ese escrito, Macías expresaba su «rechazo y preocupación» por el criterio impuesto por Conde-Pumpido en el orden de resolución de estas recusaciones, un criterio que «parece dirigido» a permanecer en todo momento la mayoría progresista y proveer la expulsión del tribunal de este vocal, pues su recusación está previsto que se resuelva la última y que por otra parte participen en ella el propio presidente y Laura Díez.
Encima, señalaba la aprieto de «extremar la prudencia» para no proveer que «se abonen discursos que pretendan que la formación del Tribunal obedece a dejar fuera de él determinadas opiniones o concepciones jurídicas, no por haberlas expresado en el pasado, poco que desde la perspectiva de la doctrina de nuestro Tribunal es legal e irrelevante, sino sencillamente por haberlas tenido«. Ello, a su cordura, »perjudicaría la concepción democrática del pluralismo político que está en la colchoneta de la fórmula de selección de los magistrados de este Tribunal que se contiene en nuestra Constitución«.