Desde su entrada en vigor el 16 de marzo, la aplicación de la límite de precios del inquilinato en Cataluña en los 140 municipios considerados ‘tensionados’ ha tenido un doble propósito. Por un costado, y tal y como presume el gobierno catalán, la regulación ha generado una ‘contención’ de precios, cercana al 5%. Por contra, y tal y como se alertaba desde el sector, la límite de rentas ha generado una severa fruncimiento de la ofrecimiento, del 17%.
Los datos del primer trimestre impávido de vigencia del decreto han sido aportadas por la Consejería de Distrito, Vivienda y Transición Ecológica y muestran que «se ha frenado la cambio de los precios del inquilinato en los 140 municipios donde está válido».
Según el Govern, en estas localidades, los alquileres han aumentado un 0,1% en datos interanuales y han bajado un 5% respecto al trimestre antedicho, mientras que en el resto de Cataluña han aumentado un 5% interanual y han bajado un 0,6% intertrimestral. El Ejecutor catalán ha destacado que en Barcelona, los alquileres han subido un 0,7% interanual y han retrocedido un 5,2% entre abril y junio.
No obstante, estas cifras, que dan argumentos a los que defienden la escazes de regular el mercado, quedan en muy poco cuando se analiza el prominencia de la ofrecimiento: entre enero y junio se han pequeño un 10,7% los contratos formalizados, con una reducción del 17,2% en el segundo trimestre, mientras que en el resto de Cataluña, en las zonas no reguladas, el descenso ha sido del 1,6%.
Desde la Generalitat se considera que estas cifras certifican el impacto de la reglamento sobre la subida de precios, y atribuye la caída en el número de contratos a que muchos pisos se han desviado a la modalidad de anuencia temporal, motivo por el que se insiste en la escazes de regularlo.