El Gobierno aprueba la subida de sueldo de los funcionarios



El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo para incrementar el salario de todos los empleados públicos hasta un 0,5% adicional en la nómina de octubrecon efectos retroactivos desde enero, en virtud de un acuerdo firmado con CCOO y UGT que vinculaba este incremento a la evolución del tasa de variación anual estimada del Índice Armonizado de Precios al Consumo (IPCA) de septiembre, que se ubicó en 3,2%.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, afirmó El coste global de esta medida para todas las administraciones públicas ronda los 740 millones de euros.de la que una “pequeña parte” corresponde a la Administración General del Estado (AGE), para la que ya se había reservado una cantidad en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en previsión de que el IPCA fuera superior a lo estimado.

Montero recordó que esta subida ha Retroactivo desde enero y es fruto del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado por los sindicatos CCOO y UGT con el Gobierno en la Mesa General de Administraciones Públicas.

Subidas

Según lo acordado, Las nóminas de los empleados públicos aumentaron un 2,5% fijo en 2023, con posibilidad de dos aumentos variables, del 0,5% cada uno. La primera se aplicaría si el IPC armonizado para 2022 y 2023 -hasta septiembre, según los datos adelantados- superaba el 6% y la segunda variable del 0,5% operaría si el PIB nominal en 2023 superase la previsión del Gobierno (2, 1 %). El primer aumento variable, vinculado al IPCA, ya se cumplió, por lo que el Gobierno procedió a aprobar ayer el acuerdo por el que se aplicará a las nóminas de todos los empleados públicos.

Montero explicó que este incremento adicional del 0,5% será automático para quienes sean funcionarios. “En las empresas públicas y el sector público este aumento también opera, pero también está sujeto al acuerdo y, por tanto, al diálogo sindical con la representación legítima que tiene cada entidad instrumental, pero Este incremento atrae a todo el colectivo de empleados, funcionarios locales y comunidades autónomas”, subrayó el ministro en funciones. La titular de Hacienda destacó que este incremento cumple con el acuerdo alcanzado con los sindicatos, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno de cumplir con el otro incremento adicional del 0,5% ligado al PIB.

“Esa será otra variable que se podrá analizar en el mes de febrero y que completará ese aumento del 3,5% para más de tres millones y medio de empleados públicos, que se irá completando a lo largo de los próximos meses, cumpliendo con el acuerdo que se llevó Fuera con el grupo de sindicatos”, dijo.

El acuerdo contempla que, en 2023, si el incremento del PIB nominal es igual o superior al estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los PGE (2,1%), se aplicará otro incremento complementario del 0,5%.

Jueces, fiscales y abogados públicos aumentan su sueldo en 450 euros

El Consejo de Ministros también aprobó ayer los acuerdos para hacer efectivo el incremento salarial de unos 450 euros mensuales acordado con jueces, fiscales y abogados de la Administración de Justicia. De esta forma se cumplen los acuerdos alcanzados por los Ministerios de Justicia y Hacienda con estos grupos. la primavera pasada, lo que permitió poner fin a una huelga de dos meses de abogados y evitar huelgas de jueces y fiscales.

El acuerdo alcanzado con tres asociaciones de jueces y otros tantos fiscales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria, no firmó- implica una subida salarial progresiva de 450 euros al mes a partir de la nómina de octubreademás de otras mejoras laborales y convocatoria de puestos.

El acuerdo, que tiene retroactividad desde enero de 2023, debería haber comenzado a aplicarse en la nómina de julio. Fuentes jurídicas recuerdan que su huelga indefinida, que mantuvieron durante más de dos meses, abrió también el camino a negociaciones con jueces y fiscales. El último balance de los abogados de marzo cifraba el impacto de su huelga en más de 400.000 juicios suspendidos, 480.000 demandas pendientes de distribución y 1.500 millones de euros en paro en las cuentas de créditos judiciales.

Por su parte, funcionarios de Justicia recordaron que su conflicto, por el que realizaron huelgas y manifestaciones entre abril y julio, continúa, y amenazaron con nuevas movilizaciones si no se negocian sus demandas.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *