La Fiscalía Superior de Canarias ha denunciado que las instrucciones del protocolo canario retrasaron la acogida de al menos 24 menores migrantes no acompañados llegados a las islas en septiembre. Estos niños y niñas, afirma, no tuvieron una acogida inmediata en un centro y pasaron entre uno y tres días en dependencias policiales.
La Fiscalía ha subrayado que se tráfico de un retraso «no justificado» y que, pese a la «importante presión migratoria» que sufre el archipiélago la medida adoptada por el Gobierno regional «está comprometiendo los intereses de este colectivo especialmente desvalido», de tal guisa que apoya su suspensión.
El escrito confirma y detalla el caso de 18 menores en El Hierro, 7 de entre 12 y 16 primaveras, 6 de 13 a 15 primaveras y 5 de 15, 16 y 17 primaveras que llegaron el pasado 20 de septiembre y no fueron recogidos por la Policía Canaria hasta más de un día luego.
Por su parte, igualmente h detallado casos en Lanzarote, donde al menos cuatro menores no fueron recogidos hasta tres días luego en algunos casos pese a contar con comunicación a la Dirección Militar de Protección de la Infancia y de las Familias, al igual que otros dos menores en Fuerteventura.
La Fiscalía se ha reafirmado así en que la acogida debe realizarse de forma «inmediata», cedido que son un colectivo de personas que tienen un «plus específico de vulnerabilidad porque son menores, porque son extranjeros y porque están solos».
Los casos expuestos, versa el escrito, «ponen de relieve que la medida adoptada esta comprometiendo los intereses de este colectivo especialmente desvalido» por lo que ha mostrado su conformidad con la suspensión de la ejecución del Acuerdo de la Presencia del Gobierno de Canaria de 2 de septiembre del 2024.
Encima, defiende una vez más que la competencia de concurrencia social sobre los menores migrantes recae en las comunidades y, en el caso concreto de Canarias, igualmente está recogido en el artículo 147.2 del Estatuto de Autonomía y la propia ley regional de atención al último.
El escrito de alegaciones, presentado frente a la Sala de lo Contencioso-Burócrata del Tribunal Superior de Rectitud de Canarias (TSJC), reconoce la «importante presión migratoria» que sufre el archipiélago desde 2019 y que se recrudeció en 2023, especialmente en la isla de El Hierro.
Tal y como señala, esta arribada de personas del continente africano a través de pateras, cayucos y lanchas neumáticas ha supuesto que las administraciones públicas que de alguna forma tienen competencias con las personas migrantes, «hayan hecho un esfuerzo considerable en la encargo de estos flujos de personas migrantes«.