El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso vuelve a chocar con el Ejecutivo central de Pedro Sánchez por el modelo educativo. Por ello, ya prepara un texto que se convertirá en la Ley Maestra de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, que consolida el modelo madrileño y lo protege contra “los abusos” de la norma estatal, la Ley Orgánica de Organización e Integración. de Formación Profesional.
No les gusta en el Ministerio de Educación que dirige Emilio Viciano la ley estatal de FP. Creen que el modelo que se aplica en Madrid es mejor y por eso ya están trabajando en esa norma autonómica que consolide la fórmula que se aplica en la región. Una norma que se está desarrollando y que será llevada a la Asamblea, para su aprobación, a lo largo del año 2024, según explicó el consejero.
Al igual que en febrero de 2022, el anterior Gobierno de Díaz Ayuso aprobó la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid, que pretendía blindar la existencia de centros concertados, ahora se redacta esta otra Ley Directora de Formación Profesional, que defiende “un verdadero sistema dual al servicio de la realidad laboral y empresarial y de la formación efectiva de cada alumno”. De hecho, una de las críticas más agudas se hace precisamente al sistema de prácticas de derecho estatal, que “diluye y distribuye las prácticas, haciéndolas intermitentes, imposibles e indeseables para empresas y estudiantes, con efectos perversos sobre la formación y el empleo”.
En el Ejecutivo regional parece que la norma estatal refleja una “ausencia casi total de requisitos para que los estudiantes accedan a la fase de formación en las empresas”, mientras que en el modelo madrileño esto se produce cuando se han adquirido los conocimientos teóricos previos necesarios.
Por otro lado, Madrid defiende su modelo de titulaciones, itinerarios y ciclos formativos claros y definidos, frente a la “dispersión de titulaciones” de la norma estatal que a juicio de la Comunidad puede generar inseguridad jurídica. También temen que haya un desajuste entre lo que demandan las empresas y lo que ofrece FP. Madrid ofrece “una suma real de cualificaciones y méritos, definidos y comparables, que verdaderamente habilitan para el mercado laboral”.
Inscripción abierta
Otro aspecto de la ley orgánica que no gusta al Ejecutivo madrileño, y que prevé regular a través de su Ley Máster de FP, es lo relativo a la matrícula abierta permanentemente, lo que supone un problema para los centros a la hora de organizar el curso. El Gobierno regional es partidario de que coincida con el curso escolar, lo que también facilita la contratación de personal y la organización de prácticas.
En este sentido, en Madrid habrá un curso con un inicio y un final bien definidos, y se establecerá un tiempo que garantice el aprendizaje de las competencias profesionales que el alumno debe adquirir.
Una última cuestión en la que no están de acuerdo con la regulación estatal tiene que ver con la obligación que contiene de adscribir centros privados de formación profesional a centros públicos, a efectos de supervisión y homologación de documentos y títulos. En Madrid esto no funciona así ahora: los centros de FP privados gestionan su propia documentación académica, y el Gobierno de Madrid quiere que siga así.
La norma estatal, creen en Madrid, “diluye y distribuye las prácticas, volviéndolas intermitentes, imposibles e indeseables”.
La ministra de Educación quiere que siempre haya una puerta abierta entre la Formación Profesional y la universidad, para que pueda haber una complementariedad de estudios para quienes estén interesados.
Además, en este curso académico –probablemente a partir de 2024–, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un programa piloto de mentores que actúan como orientadores educativos en los centros de formación profesional. Se iniciará ahora un curso de formación para los profesionales que realizarán esta actividad, para que conecten a estudiantes, profesionales y empresas.
La formación se impartirá en los Ministerios de Educación y Economía. Una vez que lo reciban podrán realizar su trabajo, y contribuirán a que la FP siga siendo protagonista en el mercado laboral.
Estos mentores de FP asesorarán tanto a estudiantes -ya hay 170.000 matriculados- como a empresas o trabajadores que quieran reciclarse o acreditar su experiencia laboral. Con su trabajo podrán dar una “respuesta ágil e inmediata” a las solicitudes de información sobre las posibilidades que ofrece el Sistema de Formación Profesional.
En principio, serán 20 consejeros, uno por cada uno de los 20 centros públicos de formación profesional -en la capital madrileña y en 15 grandes municipios de la región- que se incluyen en el programa piloto. Tendrán horario de mañana y tarde, y su tarea será exclusivamente la de ser mentor en este nivel educativo.