Él Debate sobre la política comunitaria general concluyó ayer en las Cortes de Castilla y León con una sesión de dos horas en la que se expusieron 65 propuestas de acuerdo, de un total de 150 presentadas por todos los grupos parlamentarios. Los socios de Gobierno en la Junta, PP y Vox, llevaron a cabo sus 60 iniciativas, 58 de ellas presentadas de forma conjunta y dos por separado, aunque con un espíritu similar. De todos ellos, unos 40 fueron aprobados por unanimidad en la Cámara. ¡UPL-Soria Ahora! logró el sí a cuatro de las 15 propuestas, mientras que Por Ávila lo logró a una de diez. El Grupo Socialista, sin embargo, se fue con las manos vacías, al no lograr la aprobación de ninguno de sus 30. Tampoco lo hicieron Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ni el apoderado del Grupo Mixto (de Ciudadanos hasta su expulsión), Francisco Igea. .
De esta forma, las Cortes aprobaron 65 iniciativas de todo tipo, desde las que defienden las infraestructuras hasta las sanitarias, pasando por las económicas y, sobre todo, las de marcado carácter político y dirigidas, en gran medida, al Gobierno de España. el de ahora, el de turno, o el que está por venir. Fue el caso de los dos presentados por separado, pero ambos aprobados, por PP y Vox contra la amnistía, en defensa de “la igualdad de los españoles” y con la petición expresa a la Junta de condenar cualquier “beneficio” o “espacio de impunidad”. “para los procesados por el ‘procés’. El texto del Partido Popular, más amplio que el de su socio de gobierno en la Junta, fue respaldado en el Parlamento por el voto de su propio pueblo y también el de Vox. En este caso se abstuvieron los grupos UPL, Soria ¡Ya!, Por Ávila y Francisco Igea.
El motivo, principalmente, es que en uno de los puntos del documento se habla de recuperar el diálogo con las “grandes fuerzas políticas nacionales”, lo que provocó que las formaciones provincialistas se sintieran excluidas. Más apoyo recibió Vox, que además de contar con el apoyo del PP, obtuvo el ‘sí’ de todos los que se abstuvieron en la previa. Quienes no cambiaron de postura fueron los parlamentarios del PSOE y el único de Unidas Podemos, precisamente los dos partidos que forman parte del actual Gobierno nacional en funciones.
El planteamiento de los populares va más allá que el de Vox y pide a la Junta que muestre su “absoluta desaprobación a toda negociación política” para buscar obtener “el apoyo parlamentario” para investir como presidente del Gobierno de España y tener como “contrapartida” la concesión de “una amnistía expresa o velada”. ” para los protagonistas del llamado ‘procés’. También exigen que se rechace cualquier forma de “indulto” o “beneficio judicial” para los políticos responsables del “proceso ilegal de secesión perpetrado en Cataluña”. Ante el panorama que prevén en las negociaciones que llevará a cabo el actual presidente, Pedro Sánchez, con las formaciones independentistas para ser reinvestidas en el cargo, también se propone a la Junta “reafirmar” que, tal y como dicta la Carta Magna , la ley “compromete a su cumplimiento todos los poderes del Estado” y que “Condena” cualquier “injerencia en la libre acción del Poder Judicial”. Finalmente, el texto aprobado exige que se rechacen todas las modificaciones legislativas realizadas para “beneficiar a los responsables del llamado ‘procés'”.
Por su parte, Vox propuso que la administración regional muestre un “profundo rechazo” a “cualquier intento político que atente contra la indisoluble unidad de la Nación española” y que exija al Gobierno en funciones “abstenerse de cualquier tipo de actuación que suponga conceder espacios de impunidad a los condenados o procesados por los hechos ocurridos en Cataluña durante el intento de golpe de Estado de 2017. También incluye el rechazo a reconocer “privilegios entre los ciudadanos de las Regiones de España” y aboga por un “gran acuerdo nacional” que aborde como ” principales retos” la defensa de “la unidad de España”, la “regeneración institucional”» y la defensa de «la independencia del Poder Judicial».
También salieron adelante unas cuarenta resoluciones con el apoyo de todos los parlamentarios, todos menos uno, de PP y Vox, entre ellas la exigencia al Gobierno de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la reforma del sistema de financiación autonómica y la defensa. del Corredor Atlántico. También es suya la propuesta para dar cumplimiento al acuerdo de gobierno firmado entre PP y Vox para la actual XI Legislatura. Se incluyen aquí dos de los temas más polémicos de dicho pacto, como son la ley sobre violencia doméstica y la ley de concordia, que el partido de Abascal está intentando impulsar y que, un año y medio después, todavía no ha avanzado.
Ganador y vencedor
Ayer ya no fue un día de debate en las Cortes de Castilla y León, aunque sí para que uno elegido por cada grupo defendiera, a su manera, sus propuestas de resolución e incluso hiciera su propia valoración de lo ocurrido el día anterior. Así, para la parlamentaria del Grupo Popular, Mercedes Cófreces, ganó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y perdió el portavoz socialista, Luis Tudanca. Justificó que no dijeron sí a ninguna de las propuestas del PSOE porque “parece que han hecho todo un ejercicio para rechazarlas” al incluir puntos “imposibles” como fijar un plazo de seis meses para aprobar un proyecto de ley. .
Desde las filas socialistas, Patricia Gómez, que hizo un alegato en defensa de la igualdad de las mujeres, afirmó que PP y Vox “son exactamente iguales, son indistinguibles e inseparables”. Precisamente, en Vox, Iñaki Sicilia, que continuó con la vía abierta el día anterior de ataque frontal a los socialistas, llamó a Luis Tudanca “Tudankamon” por estar “momificado”, y apuntó que si el exalcalde de Valladolid Óscar Puente es “Lo mejor que tenían para enviar” a Madrid para el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, es fácil entender “lo que ha quedado aquí”.