Gago confía en tener aprobada «en seis meses» la nueva ley de Función Pública
La Sociedad de Castilla y Arrojado confía en poder tener aprobada en «seis meses» la nueva ley de Función Pública, cuyo borrador dio ayer el conocido bueno el Consejo de Gobierno. Un texto que afectará a los 12.650 funcionarios de la Dependencia autonómica -quedan fuera laborales y estatutarios, lo que incluye a todos los empleados de Sacyl- y que averiguación ser una «norma de futuro», según destacó el mentor de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien apuntó que negociación de «respaldar un adecuado funcionamiento» y «satisfacer el interés de los empleados públicos»
Entre las novedades, la creación de un «nuevo» permiso retribuido para las funcionarias gestantes a partir de la semana 37 de gravidez (35 en el caso de múltiple), rebajando en dos el plazo ahora fijado en la 39, explicó Gago, quien señaló que es «fruto» de la demanda social.
Una medida que la Sociedad calcula tendrá un coste de un millón de euros al año. Por otra parte, igualmente aborda una reestructuración de los cuerpos y escalas, atendiendo a las «demandas» de los sindicatos, de modo que su configuración se «adapta a la ingenuidad del empleo sabido coetáneo» y así crea nuevos y elimina algunos vacíos como el de Facultativos Auxiliares Técnicos Calculistas. Todavía regula las modalidades de carrera profesional, la situaciones de excedencia o los puestos que pueden cubrirse por huido designación.