El ‘macrojuicio’ por estafa iniciado este jueves en Valladolid, el segundo más voluminoso en cuanto a ‘inquilinos’ de banquillo en la historia jurídico vallisoletana, ha concluido su primera excursión con el anuncio de hasta un total de 33 conformidades, de entre los 61 encausados que figuran inmersos en este proceso que data de hace nueve abriles y que investiga a un supuesto comunidad criminal imputado de estafar a distintas entidades bancarias a través de la solicitud de créditos para la operación de coches que luego no devolvieron.
En la causa figuraban inicialmente 63 acusados, de los que dos han fallecido, si acertadamente el causa, que tiene por decorado la Feria de Valladolid hasta el próximo día 12 de noviembre, se ha iniciado con 56 comparecientes, hexaedro que con carácter previo otros dos de los encausados ya se encontraban en exploración y captura frente a la imposibilidad de localizarlos y otras tres personas más han dejado plantado además este jueves a la Audiencia Provincial, que ha juicioso determinar en rebeldía a una de ellas.
La maratoniana excursión inaugural, que se ha iniciado a las 11.00 horas, ha concluido a última hora de la tarde con la oficialización de la conformidad pactada entre 33 acusados, la fiscal del caso y las tres acusaciones particulares personadas–BBVA, Santander y Caixabank–, trámite que la magistrada presidenta de la sala pretendía celebrar a primera hora de la mañana pero que ha tenido que posponer para la tarde a petición de la delación pública y algunas de las defensas, al entender dichas partes que antiguamente era preciso exponer las cuestiones de inútil de los defensores pues las mismas, en caso de ser estimadas por el tribunal, podrían afectar además a los encausados confesos.
De este modo, la clarividencia se ha iniciado con una primera etapa para tramitar las solicitudes de prueba documental y la destreza de nueva prueba de los defensores, que han sido incorporadas al proceso, para luego continuar con otra no menos tediosa y prolija, la de cuestiones previas, en la que los representantes legales de los presuntos estafadores–figuran personados 63 letrados--han solicitado, entre otras, la inútil de actuaciones por «desidia de legalización activa» de las entidades bancarias personadas en la causa.
Secreto bancario
Y es que buena parte de los defensores considera que dichas entidades deberían de suceder aclarado al tribunal si siguen siendo titulares de los créditos concedidos en su día–el perjuicio financiero fue secreto en unos 800.000 euros–o han cedido o vendido los mismos a otras entidades, pues en este final caso serían las sociedades que han adquirido esos préstamos las verdaderas perjudicadas.
Entre las nulidades esgrimidas por los defensores figuran además la relativa al registro efectuado por la policía en las oficinas de un inmueble sito en el número 26 de la calle Claudio Moyano, donde los acusados, presuntamente, falsificaban los documentos que luego presentaban en las entidades bancarias, así como la providencia del 8 de abril de 2016 que autorizó a la Grupo de Delincuencia Económica obtener a cuentas de los encausados, «vulnerando de este modo el derecho a la intimidad bancaria», tal y como anticipaba, en declaraciones recogidas por Europa Press, el mediático abogado Marcos García Montes, que era el primero en cascar el turno en la etapa de cuestiones previas
Pero adicionalmente, otra de las defensas ha extendido la inútil al propio coche de tolerancia de causa vocal, dictado el 17 de marzo de 2021, ya que el mismo, a su causa, provocó una clara «indefensión» de todos los acusados por cuanto incluyó, sin indicio justificativo alguno, el delito de enyesamiento de capitales por el que en etapa de instrucción no fue interrogado nadie de ellos.
Todas y cada una de las cuestiones han sido rebatidas por las acusaciones pública y particulares–Carrefour e ING Bank no han comparecido en la causa y han sido apartadas de la argumento penal–, si acertadamente el tribunal, correcto a la complejidad de la materia impugnada, ha juicioso resolver todas las cuestiones en la etapa de ejecución de sentencia.
El caso
De forma genérica, el proceso jurídico investiga a un comunidad criminal, encabezado por cuatro de los acusados, que se concertó para aguantar a lengua una serie de operaciones consistentes en la solicitud y elaboración de préstamos de distintas entidades bancarias, a través de terceras personas, justificando la solvencia económica con documentación que no reflejaba la verdad, para, con carácter caudillo, la compraventa de vehículos de segunda mano.
Estas terceras personas, como cuota por su intervención, recibían una parte del efectivo y el resto se lo embolsaba el comunidad integrado por los cabecillas.