Los vecinos de Valencia pagarán por primera vez unos 40 euros al año en concepto de una nueva tasa de basura por el servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, tal y como ha aceptado el Junta frente a la «obligación» del Gobierno central basada en el artículo 11 de la ‘Ley Estatal 7/2022 del 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una heredad circular’.
Esta legislatura exige a los consistorios la requisito de aprobar para 2025 una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que tienda a sistemas de plazo por procreación y que refleje el coste del servicio de recogida y transporte de las basuras. Poco que ha convenido este viernes la Articulación de Gobierno Específico del Junta aceptar al próximo pleno entre las ordenanzas fiscales para el próximo año.
No obstante, tal y como ha explicado la concejal de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, el Junta se opone a la medida fiscal, al considera que «se alcahuetería de una tasa que nos obliga a aprobar Pedro Sánchez para consumar el «basurazo» de su ley de residuos», la cual hasta el momento asumía el propio consistorio.
La asimismo primera teniente de corregidor ha mostrado la contrariedad del Gobierno municipal que lidera la alcaldesa María José Catalá con esta imposición, al afirmar que «la configuración como no deficitaria de la nueva tasa ata de pies y manos a los Ayuntamientos; nos obliga a repercutir a los ciudadanos 47,6 millones de euros del coste de la recogida y transporte de residuos; e impone en contra de nuestra voluntad el «basurazo» de Sánchez».
En este sentido, la titular del ámbito de Hacienda ha puesto como ejemplo que «a partir de 2025, no podríamos, como hicimos hace un año, admitir con cargo al presupuesto municipal los 6 millones de euros que correspondían a Valencia de contribución a la EMTRE para que se repercutiera ese valor en los vecinos».
«Hoy, por imposición lícito y en contra de nuestro deseo, tendríamos que repercutirlo al ciudadano con un incremento de la tasa» -la TAMER, en el caso de la EMTRE, por el tratamiento y exterminio de residuos-, ha proseguido, declarando que «es la primera vez en la historia del municipalismo castellano que desde el Gobierno de España nos obliga a todos los Ayuntamientos a imponer una nueva tasa de basura». La configuración lícito de la nueva tasa como «no deficitaria» asimismo supone restringir, según el Consistorio, la concesión e valor de las reducciones y bonificaciones que los Ayuntamientos pueden aplicar para disminuir las tarifas.
Para tender al plazo por procreación, como exige la ley, estas cuotas han sido determinadas por los técnicos optando para la recogida y transporte de residuos, por coordinación y coherencia en todo el ciclo de mandato de residuos, por el mismo criterio que emplea la EMTRE en cuanto al tratamiento y exterminio de residuos (TAMER): el consumo de agua, medido en un tiempo definido de 12 meses, de la vivienda. En el caso de actividades económicas, modulando tanto por el consumo como por el Categoría de Actividades del CNAE (Código Franquista de Actividades Económicas) al que pertenece.
40 euros al año
Se prevé un total de 459.222 recibos entre viviendas, comunidades de propietarios y actividades. En el caso de las viviendas, se estima que para la porción (201.843 de las 408.396) la cuota resultante será de 39,14 €/año, equivalente a 0,11 euros diarios o 3,3 euros mensuales.
Por otra parte, con el objetivo de disminuir el impacto del «basurazo», la nueva decreto contempla los siguientes beneficios fiscales, que han de tener cobertura lícito y ser restringidos en su cuantía para no infringir la imposición de que la tasa no sea deficitaria, pudiendo acumularse las reducciones y bonificaciones.
Beneficios fiscales contra el ‘basurazo’
-Reducción del 30% a familias numerosas (3 o más hijos, con carácter universal) para la vivienda habitual (con concesión cibernética cuando se disponga de rebaja en IBI y posibilidad de acogerse los arrendatarios), beneficiando con ello a más de 4.000 familias.
-Reducción del 30% para la vivienda habitual de familias con escasos posibles (según la ley que estén «en peligro de excepción social»: dispositivo corriente cuyos ingresos no superen el IPREM referido a 14 pagas), favoreciendo a 6.200 familias, sin perjuicio de otras coberturas y ayudas de los Servicios Sociales para situaciones de vulnerabilidad.
-Mejora de 10 € a usuarios que utilicen ecoparques.
-Mejora de 50 € a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón «puerta a puerta».
-Mejora del 10% a empresas de distribución alimentaria y restauración que tengan establecidos en colaboración con entidades de heredad social sin humor de utilidad, sistemas de mandato que reduzcan los residuos alimentarios de forma significativa y verificable (comedores sociales).
-No sujeción de actividades que tengan contratado gerente de residuos competente para la recogida de todas las fracciones que generen, acreditando que así es.