El magistrado de la Audiencia Franquista Ismael Quemado ha rechazado la querella presentada contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de lesa humanidad y tortura en Venezuela porque se cimiento, exclusivamente, en cortaduras de prensa y redes sociales.
En un utilitario conocido este viernes, el instructor argumenta, siguiendo el criterio de la Fiscalía, que en la denuncia no existe «referencia objetivo alguno« que vincule al expresidente con los hechos denunciados «ni atisbo alguno de su conocimiento de los mismos».
En la querella, que se se articulaba en diversos apartados, se hacía una presentación caudillo sobre el régimen político en Venezuela para posteriormente sostener que Zapatero «no solo era conocedor» de los crímenes que habría cometido Nicolás Juicioso sino que «todo apunta a su clara vinculación con la cúpula del régimen bolivariano y que su actividad ha ido encaminada a propiciar su perpetuación al beneficio de un proceso demócrata«.
Asimismo, se aseguraba en la querella que la intervención del expresidente en «la escape de líderes opositores privados de soltura, o sea presos políticos, así como de los que se encuentran en situación de clandestinidad, hasta conducirlos al deportación al Reino de España, todavía obedece a la representación que le tiene encomendada la cúpula dirigente del régimen«.
Para el magistrado estas aseveraciones, fruto de informaciones periodísticas o cortaduras de prensa, no son suficientes y echa de menos que entre las afirmaciones de los querellantes, un especie de personas particulares que se sienten perseguidas por los dirigentes de Venezuela , «no se ofrezca ningún aspecto o principio de prueba que avale razonablemente su credibilidad, limitándose los querellantes a afirmar su existencia sin ningún apoyo objetivo».
Por ello y por la reiterada justicia del Tribunal Supremo que existe respecto, Quemado ha optado por inadmitir la querella, en serie todavía con el crónica presentado por la Fiscalía de la Audiencia Franquista. Los denunciantes ahora tienen un plazo de cinco días para acogerse si lo desean.