Save The Children ha publicado un informe basado en 389 sentencias dictadas entre 2021 y 2022 sobre casos de abuso sexual cometidos
En ocho de cada 10 casos de abuso sexual a menores, el agresor es un conocido o familiar de la víctima, principalmente la pareja de padre o madrey en casi 7 de cada 10 el agresor no tiene antecedentes penales, según un estudio informe de Salva a los niños publicado este jueves.
El perfil de la víctima es uno. Niña que comienza a sufrir abusos a los 11 añoshechos que son denunciados con ayuda de su madre y son juzgados en procesos que duran hasta tres años.
Son conclusiones del análisis realizado por la ONG 389 sentencias dictadas entre 2021 y 2022 sobre casos de abuso sexual cometido contra niños que suman 478 víctimas y de los cuales el 88,3% terminaron en condena.
En relación con los agresores, la mayoría de ellos pertenecen al entorno de la víctima: el El 40,6% del total son familiaresentre los que destacan la pareja materna y paterna, y el 42,3% son otros conocidos, como amigos de la familia o de la víctima o profesionales que trabajan con menores.
Además, se observa que la El 67,2% de los agresores no tiene antecedentes penales y, de quienes sí los tienen, sólo el 4% de los casos habían sido por delitos contra la libertad sexual.
La directora de Incidencia Social y Política de Save The Children, Catalina PerazzoSeñaló durante la presentación que este análisis “permite desmontar el mito de que las personas que atacan son monstruos y que Si esto sucediera en nuestro entorno nos daríamos cuenta“.
Respecto a las víctimas, el estudio refleja que En el 68,6% de los abusos sexuales estudiados hay una sola víctima (aunque en algunos casos son hasta siete) y en El 80,3% se cometen contra niñas y adolescentesuna tendencia que continúa respecto a los últimos años.
Por edad, la media a la que empiezan a sufrir malos tratos se sitúa en torno a los 11 años: entre 2021 y 2022, el 50,6% de los casos se produjeron entre los 10 y los 14 años.
Procesos judiciales más largos
El informe también incluye algunos detalles de los procesos judiciales estudiados y concluye que las principales personas que Los activadores son la madre (en el 28% de los casos) y la víctima (en el 20,9%).
En cuanto a su duración, 24% alargó entre 2 y 3 años y el número de casos sin resolver ha aumentado en 2 años.
Aunque es difícil saber el número de veces que la víctima ha tenido que relatar los hechos en cada caso porque este punto no aparece recogido en muchas sentencias, Save The Children ha observado que “hay víctimas que Todavía tienen que declarar antes del juicio hasta tres veces“ante la Policía, la Fiscalía o el juzgado.
La grabación del testimonio de la víctima solo fue aceptada como prueba preconstituida en el 24,9% de las sentencias, lo que no representa ninguna mejora respecto al 2019-2020, y en algunos casos la víctima aún tuvo que volver a prestar declaración. en la audiencia oral.
Múltiples declaraciones
En la presentación del informe también participó este jueves Carmen Corralesquien sufrió abuso sexual entre los 10 y 14 años por parte de su abuelo y denunció los incidentes cuando tenía 17 años.
Lleva ocho años y medio esperando a que se celebre el juicio y ha tenido que contar lo ocurrido hasta en cinco ocasiones, la primera de ellas en el cuartel de la Guardia Civil de su localidad. “Lo primero que me preguntó el agente fue si se había acordado de mí en ese momento y por qué había tardado tanto”, afirmó.
A esto le siguieron otras experiencias desagradables, con sesiones de varias horas en lugares oscuros, en las que fue grabada con múltiples cámaras, con muchas preguntas. “Cada vez que salía era como si fuera un zombie, no podía hablar ni caminar, me dejaba devastada”, dijo la víctima.
En su informe, Save The Children ha recordado que el ley de protección infantil contra la violencia, vigente desde junio de 2021, establece la obligación para el Gobierno de presentar en un año otro proyecto de ley para la creación de la especialización de la justicia en este tipo de hechos, que sigue siendo “una deuda pendiente con las víctimas”.
La organización solicita la implementación de tribunales especializados, la creación de una Fiscalía específicacapacitación inicial y constante a todos los operadores jurídicos y asistencia a las víctimas desde el inicio hasta el final del proceso.