“No entiendo nada. Sal a la calle y te verá otro médico”. Una consulta en un Centro de Emergencias de Castellón ha provocado un denuncia por discriminación lingüística contra un trabajador de la salud que atendió en español a un hombre que había acompañado a su hijo menor de edad debido a una enfermedad.
La denuncia forma parte del último informe elaborado por la Plataforma por la Lengua con la colaboración de la Generalitat de Cataluña para señalar a médicos, profesores o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que utilizan el español para dirigirse a los ciudadanos.
En el caso de la Comunidad Valenciana no existe ningún requisito lingüístico para los profesionales de la salud pública.
En este caso, el Plataforma de Idiomasuna entidad que recibió subvenciones públicas de la Generalitat Valenciana durante la época socialista Ximo Puig, sostiene que un hombre, al que cita con las iniciales TR, “acompañó a su hijo, un niño de apenas unos años, a un centro de urgencias de Castellón de la Plana”. Según la versión de la denuncia, “en la consulta se dirigió al médico en catalán, quien le dijo al padre que hablara en castellano”.
La autoproclamada “ONG catalana” informa que “la ciudadana le recordó que tenía derecho a hablar en valenciano y se ofreció a traducirle al médico lo que ella no entendía”. Siempre según esta fuente, “como respuesta la mujer le dijo que hablaba en español o que saliera a la calle”. Cuando el hombre que acompañaba a la menor en la consulta volvió a insistir en traducir la conversación, la sanitaria respondió que “no entiendo nada” y la invitó a “salir de ahí” para que “otro médico” pudiera atenderla. .
Acusaciones contra el Departamento de Salud
El Plataforma de Idiomas También acusa al Departamento de Salud de mentir porque sostuvo que la doctora había pedido “por favor” y “para tener una buena comunicación” que la denunciante le hablara en español.
El último informe de la «ONG catalana» recopila un total de 118 nuevas denuncias por “discriminación lingüística grave contra los catalanohablantes por parte de las Administraciones Públicas en manos del Estado español”. Según esta entidad, que elabora el documento con la colaboración de la Generalitat de Cataluña pero amplía su ámbito de actuación a la Comunidad Valenciana y Baleares, las denuncias contra el personal sanitario han aumentado un quince por ciento.