El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), lleva semanas trabajando en la elaboración de un esbozo de los presupuestos de la Institución provincial y de las ordenanzas fiscales para el próximo año con la intención de poder tenerlos finalizados ayer de que inicio noviembre y, a lo dadivoso de ese mes, poder aparecer a negociar con los distintos grupos políticos.
Esta posición, que Fuentes ya avanzó en el zaguero Pleno de la corporación provincial, celebrado el pasado 16 de octubre, tiene que materializarse ahora sobre el papel en una tendencia que no es sencilla. Porque el Partido Popular está obligado a negociar a tres bandas para sacarlos delante.
La operación fue compleja en el control en curso: los populares, que gobiernan con una minoría simple en el Palacio de la Merced, se las vieron con la concurso de Vox, pero pudieron sacar delante en febrero las cuentas de la Institución provincial gracias a la privación del PSOE. La diputada de la formación de Santiago Abascal en la Diputación, Yolanda Almagro, justificó la posición de su partido en que el presupuesto que esgrimía Fuentes era continuista y que incluía demasiados gastos superfluos que no respondían a las micción reales de los ciudadanos. Vox le dio entonces la espalda al documento porque consideraba que dejaba orilladas partidas importantes para los servicios sociales, la atención a la dependencia, y el fomento de la demografía, así como a la consolidación de la población en las zonas más deprimidas.
Presupuesto matriz
De cualquier modo, el presidente de la Diputación hizo hincapié en febrero en que el compra social era una de las piedras angulares del documento financiero, cuyo montante ascendía a 302,6, millones de euros, «el más elevado hasta el momento y el más suspensión de la historia, al subir un 0,72 % con respecto a 2023», dijo entonces Salvador Fuentes. Ésa era la número del presupuesto matriz, porque el consolidado, que incluye a las empresas y a los organismos autónomos, se situaba en 385,9 millones, un 1,82% más que en el control aludido. El equipo de gobierno con mando en el Palacio de la Merced subrayó que se trataba de los presupuestos más sociales de la historia de esta Diputación, al alcanzar los 93,2.
Lo que está por ver es si la Diputación podrá tener aceptado el documento de 2025 ayer de que acabe este año, de modo que estén plenamente activos en el puesta en marcha del control. El Concejo de Córdoba, de su banda, sí que lleva los trabajos más avanzados: el equipo de José María Bellido —que a diferencia de Salvador Fuentes gobierna con mayoría absoluta— quiere padecer la aprobación original del texto a la Corporación de Gobierno Almacén de forma inminente, de guisa que pase al Movimiento Ciudadano y al Consejo Social de Córdoba y continúe con la tramitación habitual para que pueda producirse por el Pleno ayer de que termine 2024 y entre en vigor para 2025.
Por otra parte del capítulo social, parece claro que las mejoras hídricas ocuparán un montante destacado en las próximas cuentas de la Diputación, que ha de darle continuidad financiera al plan de 32,8 millones para este tipo de infraestructuras y de recogida y tratamiento de basura que aprobó a comienzos de este octubre.