“Mi principal conclusión es que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales carece de competencia para conocer de esta reclamación. Esto se debe a que no ha sido interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho en rebeldía; y la demandante no me ha convencido que tiene argumentos pruebas sólidas y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada”, dijo la jueza Rowena Collins Rice.
En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez explica que -incluso si se hubiera considerado competente para juzgar el asunto- “habría rechazado la petición de Larsen” porque su pretensión “no cumplió con los estándares judiciales aplicables hasta redactar una denuncia por acoso.
Según especifica el juez en 92 páginas, en la demanda de Corinna Larsen “No se sugiere que ninguna evidencia pueda conectar” los hechos de acoso. que denuncia “directamente” con Juan Carlos I. “Los autores directos no están identificados ni (son) identificables”, añadió.
El juez ha concluido que la lógica defendida por Larsen corre el riesgo de ser un “falso silogismo”. “Son actos de un enemigo, la acusada es su enemiga, por tanto son actos suyos”, ha afirmado, al tiempo que ha recordado que la propia empresaria tiene un “propio perfil público” en el que “participa activamente”. y en el que se la relaciona con “poderosos, ricos, competitivos y de alto perfil”.
Bajo ese mismo análisis, tiene Descartó el argumento de que el rey emérito fuera el responsable de las filtraciones. lo que dio lugar a publicaciones en los medios sobre Larsen. “Ella no da ninguna indicación de cómo podría demostrar alguna conexión con el acusado”, señaló.
El acoso no está probado en Inglaterra
Corinna Larsen Denunció en su demanda que Juan Carlos I la había acosado después de que ella terminara la relación. que habían mantenido. Primero para conseguir que retomaran dicha relación y luego como venganza para perjudicar su negocio, según Larsen.
La empresaria reclamó al rey emérito una indemnización por los gastos de su tratamiento médico de salud mental, por la “instalación de medidas de seguridad personal y servicios de protección diaria” y por contratar a “ex diplomáticos y ex funcionarios gubernamentales” para intervenir con el fin de “poner fin al acoso” que dice haber recibido.
El juez, sin embargo, ha considerado que Larsen “no ha conseguido convertir su relato narrativo en una denuncia de acoso”. A su juicio, la ex íntima de Juan Carlos I “no identifica ni alega ninguna experiencia concreta de acoso” en Inglaterra, sino una serie de acciones que habrían tenido lugar “dondequiera que ella se encontrara en ese momento, que a veces era en Inglaterra.” “.
“Si no se puede decir que esa experiencia se haya sustentado en un solo país -por ejemplo, porque un demandante tiene su domicilio, su residencia habitual o su presencia física en ese país en todo momento- ¿sobre qué base pueden los tribunales ingleses asumir jurisdicción sobre un caso? tribunal unitario en el presente caso multinacional?”, subrayó el juez.
Corinna Larsen, “decepcionada”
En un comunicado difundido este viernes tras conocerse la resolución del tribunal, Larsen se mostró “profundamente decepcionado por el resultado”. “Es desalentador ver que las víctimas de acoso a menudo luchan por encontrar justicia en nuestro sistema legal”, afirmó.
La empresaria ha insistido en que la “intimidación y acoso” que dice haber sufrido hacia ella y sus hijos “continúa” y está “dirigida” a destruirla “por completo”. “Juan Carlos ha desplegado todo su arsenal para desgastarme y el alcance de su poder es inmenso. “Estoy considerando todas las opciones disponibles”, señaló.
El fallo se ha anunciado este viernes después de que el pasado mes de julio el tribunal escuchara los argumentos de la defensa de Juan Carlos I, a cargo del despacho británico Velitor Law.
La defensa de Juan Carlos I
El equipo jurídico del rey emérito solicitó entonces que se desestimara la demanda de Larsen, al considerar que Los tribunales del Reino Unido no eran competentes para conocer de esta reclamación.. La defensa se basó en el artículo 4 del reglamento de la UE sobre competencia judicial, que establece que las personas domiciliadas en un Estado miembro, independientemente de su nacionalidad, deben ser demandadas ante los tribunales de ese país.
Los abogados precisaron en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que dicha regulación comunitaria operó en este caso concreto porque comenzó antes de que finalizara el periodo de transición para el Brexit, fijado hasta el 31 de diciembre de 2020.
Así, insistieron en que los tribunales españoles eran competentes para conocer de la reclamación de Larsen. A esto agregaron que “La cuestión clave” era si, en relación con los presuntos actos de acoso, el Reino Unido era el lugar donde se produjo el supuesto “evento perjudicial”. o ‘daño directo’, algo que, apuntaron, los abogados de Larsen no habían demostrado.
Otro de los argumentos esgrimidos por la defensa fue “la evidente falta de credibilidad del demandante“. En este sentido, destacaron que Larsen había solicitado permiso para realizar una nueva modificación de su denuncia original. “Como sus predecesoras, es incoherente, internamente contradictoria y manifiestamente mala en términos jurídicos”, señaló la defensa del rey. emeritus.
Además, ha destacado que las declaraciones de Larsen -que Juan Carlos I “desmiente rotundamente”- no sólo son “falsas” sino también “inconsistentes con las declaraciones públicas que ella hizo” antes de que se iniciara el litigio.