La voz de aviso la dio una empleada del necrológico del Hospital La Fe de Valencia a mediados de diciembre de 2022. El Comunidad de Albal se iba a hacer cargo de los gastos del sepelio de un hombre francés que vivía en la indigencia. Pero su cuerpo no había llegado a la aldea, en la que estaba empadronado, para acoger las funerales. El consistorio trasladó su inquietud al hospital por lo ocurrido. Pero el centro taza sólo pudo confirmar que la Funeraria Montesinos, una pequeña empresa de la haber del Turia con más de tres décadas de experiencia y especializada en repatriaciones y embalsamientos, había recogido los restos mortales.
Para entonces, estos ya se encontraban en una sala de disección. Según el titular del Supremo de Instrucción número 1 de Valencia, dos empleados de la funeraria se encargaron presuntamente de falsificar, tanto delante el hospital como delante el Registro Civil, toda la burocracia para hacer constar que el fallecido había donado su cuerpo a la ciencia. En uno de esos documentos, encima, uno de los trabajadores ocultó su identidad bajo un nombre espurio.
No era la primera vez que ocurría poco así, tal y como destaparía posteriormente la operación policial ‘Thanatos’, pero hasta ese momento nadie se había poliedro cuenta de la existencia de una presunta trama que se lucraba de cadáveres cedidos, o que aparentaban serlo, a la docencia y la investigación, pues existen «serias dudas» sobre «la sinceridad de los documentos de donación» de los cuerpos. La comprensión de una causa legislativo sobre estos hechos desembocó en una segunda más amplia con otros siete casos anteriores bajo sospecha. Ahora, tras casi dos abriles de investigación, los dos procedimientos –a la paciencia de los últimos fortuna– se ven abocados al pleito verbal. El instructor ha procesado a cuatro hombres –dos responsables de la funeraria y dos trabajadores– por los supuestos delitos de estafa y de falsedad de documentos tanto públicos como privados. Aunque en un primer momento el magistrado archivó el caso para los dueños de la empresa, la Audiencia de Valencia ordenó investigarles a ellos incluso como pedía la Fiscalía.
Constan en total ocho hechos de este tipo entre octubre de 2020 y diciembre de 2022. Las víctimas seguían siempre un mismo patrón: personas extranjeras o muy vulnerables a las que tenían el convencimiento de que nadie iba a demandar. En ellos tuvo un papel relevante, según indica el árbitro en su automóvil de procesamiento, uno de los trabajadores de la funeraria quien, ayudado por su compañero, «elaboraba los documentos inexactos, realizando gestiones en los mortuorios de hospitales y centros de tercera existencia, en el Registro Civil, con el fin de disponer del restos de los fallecidos y facturar los servicios funerarios». La estatuto española deja claro que cualquier donación debe ser voluntaria y sin compensación. Pero las universidades que recibieron esos cuerpos sí abonan los costes de este acto altruista. La compañía bajo lupa ingresó 6.000 euros por unos traslados que «de otra forma no hubieran conseguido».
La enfermera de una residencia aseguró poseer firmado el consentimiento «sin ser consciente verdaderamente del contenido del mismo», al entender «bajo el patraña» del trabajador de la funeraria –que había rellenado el papel– que era un trámite necesario para el entierro de un anciano. En algunos casos, consta en los documentos que algún pariente autorizó la donación, pero la Policía no ha podido contrastarlo con ellos al no poder localizarles. En otros, se informaba a los familiares de que no podían demandar las cenizas de su ser querido o desconocían el trámite para poder hacerlo. Un detalle que adquiere relevancia a tenor del próximo paso de la trama.
El negocio continuaba una vez los restos anatómicos habían cumplido su cometido, en el momento de incinerarlos. La Concesión de Ciencias de la Lozanía de la Universidad CEU Cardenal Herrera pagó 4.500 euros por nueve incineraciones, entre enero de 2018 y abril de 2020, pero no consta que fueran llevadas a límite en ningún crematorio de Valencia. «No se pudo circunscribir el destino de tales cadáveres», indica el automóvil legislativo. De la confesión de uno de los trabajadores investigados se extrae que «la funeraria introducía varios cuerpos en un mismo féretro» ayer de la incineración para luego emitir facturas diferentes. Es proponer, ahorraban costes y multiplicaban los beneficios de forma ilícita. Mismo modus operandi que habrían utilizado con la Concesión de Medicina de la Universidad de Valencia (UV), que abonó en 2021 dos facturas de 270 euros cada una por unas incineraciones que no se llevaron a límite.
Protocolos dispares
«Se produjo un beneficio injusto», a costa de las universidades, «de una forma un tanto penosa, al tratarse de actividades sobre cadáveres, que aunque legalmente tiene la consideración de objeto para el derecho, no podemos olvidar que son restos humanos, de personas que han fallecido, a los cuales se le debe tener cierto respeto y consideración», señala el árbitro. Uno y otro centros afectados defienden la solidez de sus protocolos, aunque algunas fuentes consultadas por torrevieja news today señalan que algunos son más laxos que otros a lo extenso del país.
En el caso de la UV, el documento para ser incluido en el Software de Donación de Cuerpos sólo puede ser registrado en vida por el donante y dos testigos. De hecho, ninguna de las 60 cesiones que la universidad pública recibió en 2023 estaba autorizada por terceros, un proscenio que reservan sólo a casos muy concretos en los que una institución sociosanitaria es responsable de una persona sin medios. Por otra parte, las familias sí pueden pedir las cenizas tras finalizar el estudio. Un trámite que gestiona la funeraria –se trabaja con distintas– que atiende su caso.