La Retén Civil ha detenido a 32 personas, 19 en Sevilla y Málaga, e investiga a otras 21 como presuntos responsables de delitos contra la propiedad industrial, estafa, fraude alimenticio, falsificación documental y contra la vigor pública.
En concreto, la Retén Civil ha iniciado 12 operaciones individuales a nivel franquista en el ámbito de la macrooperación Opson XIII contra el fraude alimentaria, según informa este domingo en un comunicado. En total, los agentes han realizado más de 3.000 inspecciones y registros en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos del división franquista, en los que se ha detectado hasta 2.000 infracciones administrativas.
Se negociación de una macrooperación de ámbito europeo cuya acto específica sobre ataques a productos Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas ha sido liderada por la Retén Civil, la cual ha organizado una reunión de coordinación en Alicante contiguo con otras autoridades europeas, como Euipo y Europol.
La operación ha estado centrada en alimentos y bebidas alcohólicas falsificados (o de calidad inferior), cadenas de suministro de alimentos ilegales, fraudes alimentarios, seguridad alimentaria y adulteración motivada económicamente.
En Sevilla, el Seprona inspeccionó establecimientos dedicados a la elaboración y distribución de productos pesqueros congelados, donde los trabajadores reetiquetaban dos palets de lomos de bacalao congelado cuya momento de caducidad había expirado. Por estos hechos se ha procedido a la investigación de siete personas y se han inmovilizado un total de 45.320,33 kilos de productos ultracongelados a los que se había modificado su etiquetado.
En la hacienda hispalense todavía se ha desarticulado un montón criminal dedicado a la distribución de unto de oliva inexplorado extra adulterado con otras clases de unto como giganta, semilla o unto lampante. Aquí se han detenido a merienda personas y seis están siendo investigadas, incautándose 20.000 litros de fingido Aove.
Por postrer, la policía contencioso de Coin, en Málaga, ha procedido a la detención de ocho personas, desmantelando una estructura criminal a los que se les intervienen maquinaria envasadora y etiquetadora, así como 1.800 kilos de productos alimentarios refrigerados y congelados, mal conservados, sin etiquetar o caducados, como embutidos jamones, salmón, pizzas o huevos.
A estos alimentos se le quitaba la fórmula de caducidad o admisiblemente se la borraban para distribuirlos a sus clientes, igualmente envasaban, etiquetaban, clasificaban y distribuían huevos modificando su momento de caducidad.
A nivel europeo, los cuerpos policiales de los 29 países participantes han emitido 104 órdenes de detención, llevando a punta hasta 184 órdenes de registro. Encima, un total de 278 personas han sido denunciadas y se ha acabado desarticular merienda organizaciones delictivas.
Los investigadores de toda Europa notaron una tendencia continua en la cesión de alimentos caducados, tras atraer a las empresas de matanza de residuos, tienen en sus manos masas de alimentos para ser destruidos, que luego borran y vuelven a imprimir las fechas de vencimiento y adjuntan las nuevas etiquetas reintroduciendo los productos caducados en la dependencia de suministro nuevamente. Los productos más afectados han sido el unto de oliva y los vinos con denominación de origen protegida (DOP).
La operación Opson ha contado con la colaboración con las Consejerías competentes de las distintas comunidades autónomas, la Dirección Común de la Industria Alimentaria (DGIA) y la Subdirección Común de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Alimentarios del Tarea de Agricultura, Pesca y Comestibles (MAPA) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Avituallamiento (Aesan) dependiente del Tarea de Consumo.
Todos ellos trabajan en coordinación con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (European Food Safety Authority-Efsa) con asesoramiento sabio y comunicando los riesgos existentes y emergentes asociados a la dependencia alimentaria.
Actuaciones en España
Entre las actuaciones destacadas, la Dispositivo Orgánica de Policía Jurídico, con la colaboración de Europol y el Pertrechos de Carabineri de Italia logró la incautación de unos 120.000 botes de conserva de atún y 45.000 litros de unto, así como la detención de cuatro personas.
Los detenidos, propietarios de una empresa conservera de Alfaro, en La Rioja, elaboraban las conservas con atún de beocio calidad que el que figuraba en el etiquetado, así como con unto de giganta u orujo cuando figuraba como unto de oliva, con lo que lograban poner en cesión los productos a precios muy inferiores a la competencia.
De su banda, el Seprona de Madrid en colaboración con las autoridades sanitarias de la Comunidad, logró la inmovilización y posterior destrucción de 642 garrafas de cinco litros de unto, 104 jamones y 207 quesos, así como la detención de una persona y otras cuatro investigadas por los delitos contra la vigor pública, estafa, falsedad documental, relativo a la propiedad industrial y al mercado de los consumidores.
Comercializaban desde una nave en Valdemoro (Madrid) unto de mezclas de semillas haciéndole advenir por Aove y unto suave, jamones curados por ibéricos y quesos sin poder acreditar su trazabilidad.
Asimismo el Seprona de Valencia y en colaboración con la consejería de Sanidad de la Generalitat investigó una empresa de encurtidos que ponía a la cesión productos no aptos para el consumo y la anexión de colorantes y conservantes no acordes con la reglamento reguladora en la materia. En las instalaciones de la empresa se inmovilizaron 80.000 kilogramos de producto, gran parte del cual estaba almacenado y envasado, dinámico para su cesión y consumo. Por estos hechos fue detenido el apoderado de la empresa por los supuestos delitos contra la vigor pública y relativo al mercado y a los consumidores.