La investigación comenzó en 2022, cuando el Orden de Investigación y Estudio Central de Tráfico de la Destacamento Civil detectó patrones sospechosos en la matriculación de vehículos. Los cuerpos de seguridad del estado tuvieron constancia de la utilización de permisos de circulación falsificados procedentes de varios países de la Unión Europea, lo que llevó a profundizar en el origen de estos automóviles.
Las primeras pesquisas indicaron que la estructura criminal adquiría vehículos robados en países como Alemania, Francia y los Países Bajos, así como en terceros países como el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos.
Una vez en posesión de los vehículos, los delincuentes alteraban nociones de seguridad y trazabilidad, cambiando su identidad innovador por la de otros coches legítimos mediante documentos fraudulentos. Este proceso igualmente incluía la entrada de automóviles no homologados en Europa, que eran presentados como europeos gracias a la documentación falsa. Este método les permitía eludir impuestos y regulaciones aduaneras.
Los vehículos eran llevados a España, donde se presentaban en estaciones de ITV con documentación que aparentaba ser judicial. Tras obtener la plástico de inspección técnica, los automóviles eran matriculados y legalizados en las jefaturas provinciales de tráfico. Finalmente, fueron vendidos a través de plataformas de compraventa, integrándolos en el mercado judicial.
La colaboración con diversas unidades policiales europeas ha sido un éxito
Las operaciones de la Destacamento Civil se han concentrado en varias provincias, con peculiar energía en Pontevedra, donde se investigaron tres compraventas sospechosas. En uno de los casos, relacionado con un BMW, ya se había sensato su incautación. Sin requisa, la situación de otros vehículos, como un Bentley y un Lamborghini Gallardo, sigue bajo investigación para determinar si sus propietarios eran compradores de buena fe o si estaban al tanto de la procedencia ilícita de los automóviles.
La efectividad de la operación ‘Suspicio’ se atribuye en gran medida al intercambio de información y la colaboración con diversas unidades policiales europeas, así como con agencias como FRONTEX, la Agencia Europea de Destacamento de Fronteras y Costas. Esta cooperación ha sido fundamental para rastrear y revisar la matriculación fraudulenta de los vehículos en España, lo que ha permitido desmantelar un entramado criminal que operaba con gran sofisticación.
Un fraude valorado en más de 6 millones de euros
La operación ‘Suspicio’, que recuperó 98 vehículos de boato robados, detuvo a 66 personas y reveló un fraude valorado en más de seis millones de euros, subraya la escazes de surtir un control riguroso sobre el sector automotriz para proteger a los consumidores y avalar la derecho en las transacciones de vehículos.
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