Recuerda que la ley “obliga a todos por igual, a las personas físicas, pero también a todas las instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, incluido el propio Estado”
De esta forma, Barrientos defendió la separación de poderes y la aplicación de la ley para todos, incluido el propio Estado. “Las leyes se aprueban, pueden ser reformadas y también derogadas por el poder legislativo, pero durante su vigencia las leyes son igualmente vinculantes para todo aquel que se encuentre en territorio español, incluidos los jueces”, afirmó el presidente del TSJC quien destacó el trabajo de jueces y magistrados con la separación de poderes dentro de una sociedad “democráticamente organizada” para defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos frente a “la arbitrariedad de las administraciones y poderes públicos”.
Por ello, recordó que la ley “obliga a todos por igual, a las personas naturales, pero también a todas las instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, incluido el propio Estado” y por eso enfatizó que “hoy es necesario, más” Nunca insistiremos en que todos estemos sujetos al Estado de derecho. Nadie puede ponerse por encima de ella ni intentar eludir las consecuencias de su violación.”
En este sentido, ha apuntado que la ley “es igualmente vinculante para todos aquellos que se encuentran en territorio español, incluidos los jueces” y que estos últimos la aplican “sin excepciones ni privilegios, en definitiva, sin espacios de impunidad, que comprometan la “El carácter general de toda ley que nos iguala a todos. Una sociedad no puede avanzar en el progreso social cuando retrocede en la igualdad.” Barrientos, cuyo mandato expiró hace tres años por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), advirtió de la responsabilidad que la Constitución otorga al Poder Judicial para el “reconocimiento y efectividad de los derechos de todos los ciudadanos sin distinción”. ” “a veces incluso ante la arbitrariedad de las administraciones y los poderes públicos”.
El presidente del TSJC pidió al Gobierno y a la Generalitat que proporcionen medios materiales y personales para solucionar la endémica falta de personal en la administración de justicia en Cataluña. Así, recordó que a inicios de este año había alrededor de 135 puestos de jueces vacantes, el 16% del total, mientras que faltan el 31% de los abogados en la administración de justicia y por eso reclamó incentivos económicos para que haya Más solicitantes que quieren trabajar en Cataluña. También pidió al PSOE y al PP que acuerden renovar el CGPJ y desbloquear las decenas de nombramientos que de él dependen, así como la próxima aprobación de tres nuevas leyes sobre eficiencia organizativa, procesal y digital en los tribunales.