La quinta vez podría ser la vencida. La Ciudad de la Justicia, el proyecto para reunificar las 28 sedes judiciales de Madrid en un solo lugar, resurge de sus cenizas, tras tres intentos anteriores frustrados y una negativa a acometerlo. Vuelve, aunque con algunos cambios: menos edificios esta vez, sólo uno de ellos con singularidad arquitectónica, y la vuelta a la gestión directa.
En este punto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se enmienda y abandona la idea de dar una concesión a una empresa que se encarga de la construcción, gestión, mantenimiento y funcionamiento de la Ciudad de la Justicia a cambio de un canon. En su lugar, convocará una licitación pública para el proyecto y las obras y asumirá directamente el coste y operación de las instalaciones. El ministro de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha tardado poco más de tres meses en poner en marcha de nuevo esta idea de unificar las sedes judiciales, ahora repartidas por Madrid.
La historia de esta ambición comenzó en 2005, cuando la presidenta Esperanza Aguirre anunció el Campus de la Justicia, un megaproyecto en Valdebebas donde los mejores arquitectos del mundo construirían edificios espectaculares. Aquella empezó con un presupuesto de 500 millones de euros de la época, pero en 2009 se paró la construcción, consiguiendo sólo un edificio –el ‘donut’, que ahora ha sido recuperado como Instituto de Medicina Forense–: la crisis económica se adelantó.
Ese primer Campus fue promovido y gestionado por una empresa pública adscrita al Ministerio de Justicia. Cuando pararon las obras, la empresa pública fue liquidada.
El siguiente presidente autonómico, Ignacio González, recuperó la idea con algunos cambios: la llamó Ciudad de la Justicia, y en 2015 anunció que retomarían las obras sacándola a concurso público con un canon. Pero las elecciones autonómicas apartaron a González de la Real Casa de Correos y la presidenta que luego ocupó el cargo, Cristina Cifuentes, enterró el proyecto en 2017, después de que la Cámara de Cuentas advirtiera graves irregularidades en el mismo.
Dos fiascos
En 2021, Díaz Ayuso anunció que renacía la Ciudad de la Justicia, con la idea de construirla mediante concesión indirecta: el adjudicatario construiría los edificios, los gestionaría y explotaría, se encargaría de su mantenimiento y a cambio recibiría una cuota anual. Pero la licitación así convocada fue declarada desierta en dos ocasiones: la primera por falta de ofertas económicas, y la segunda -restringida a diez empresas- porque la única firma que postuló no cumplió con los pliegos.
Ahora, el Ministerio vuelve a la carga con esta iniciativa: en el mismo terreno de Valdebebas se va a licitar un proyecto y contrato de obra para la construcción de esta Ciudad Judicial. Quieren que tenga diez edificios, entre los que habrá un hito arquitectónico, como es ahora el ‘donut’ del Instituto de Medicina Legal.
Se construirá sobre una superficie de 236.475 metros sobre rasante y 198.711 bajo rasante, lo que supone un 50 por ciento más de espacio del que ocupan actualmente las 28 sedes ubicadas por toda Madrid. Se trata de un intento, explicaron fuentes del Ministerio, de dotar a las instalaciones de capacidad suficiente para absorber el futuro aumento de la demanda.
Mientras que el transporte
Las obras se realizarán por fases, de modo que se pueda sincronizar su construcción con la finalización del intercambiador de transportes de Valdebebas y la llegada allí de la ampliación de la línea 11 del Metro. Recuerdan que unas 30.000 personas utilizarán cada día la Ciudad de la Justicia , por lo que un transporte público adecuado es esencial.
Las obras costarán, estiman, 660 millones de euros y se ejecutarán por fases. La fase cero será la redacción del anteproyecto, en el que ya trabaja la Dirección General de Infraestructura Judicial, y que estará listo en diciembre. En marzo de 2024 quieren sacar a licitación el pliego de condiciones y en verano del próximo año se espera que se adjudique. De esta forma, en el segundo semestre del año la empresa que gane el concurso podrá redactar el proyecto de construcción.
Primeras transferencias
La Fase 1 se desarrollará en los años 2025 y 2026, y en ella se adjudicarán los dos lotes en los que se dividirán las obras: un primero para la urbanización total, un aparcamiento público de 60.000 metros cuadrados, el edificio del Superior Tribunal de Justicia (TSJM), dos edificios de la Audiencia Provincial y 105 juzgados de primera instancia. Y un segundo lote con los edificios civiles, penales y fiscales, los archivos y edificios auxiliares: representan el 75 por ciento del proyecto total. Puede haber el mismo ganador para ambos lotes, o dos. En esta fase, el TSJM se trasladará a la Ciudad de la Justicia, desde su actual sede en la calle General Castaños.
La fase 2 se desarrollará en 2027, y se construirán dos edificios para albergar el resto del Orden Civil: 19 Juzgados de lo Mercantil, 49 Juzgados de lo Social y 34 Juzgados de lo Contencioso-Administrativo). Las fases 3 y 4 se ejecutarán en los años 2027 a 2030, y completarán tres edificios de lo Penal (54 Juzgados de Instrucción, 37 de lo Penal, 11 de Violencia sobre la Mujer, 7 de Menores y 6 de Vigilancia Penitenciaria), y otros espacios para la Fiscalía, el Archivo Judicial Territorial y otras necesidades auxiliares.
La Ciudad de la Justicia se ahorrará 40 millones de euros anuales en alquileres de sedes, 30 millones en contratos de mantenimiento y seguridad y 4-5 millones en consumos que ahora se gastan. Y además, dejará libres edificios propiedad de la Comunidad, algunos tan emblemáticos como el que hoy ocupan las Juzgados de Plaza de Castilla.