Responsabilidad por parte de 2.248 ayuntamientos en Castilla y León alcanzó el 87,8 por ciento en 2021, lo que supone una mejora interanual de medio punto, según ha destacado este lunes el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Economía. Hacienda de las Cortes donde ha presentado el informe anual sobre las cuentas del sector público correspondientes a dicho año, informa Ep.
Su intervención también pretendía presentar Otro trabajo sobre la supervisión de la estrategia de cambio climático 2009-2020 en Castilla y Leónque fue aplazado en la anterior comisión, y el informe anual sobre las cuentas del sector público local de la Comunidad correspondiente a 2021.
En relación al primer informe, Amilivia destaca que Castilla y León sigue presentando valores superiores a la media nacional en materia de rendición de cuentas de los ayuntamientos y se centra en el caso de Salamanca, León, Zamora y Valladolid, que registran, respectivamente, porcentajes de rendición de cuentas del 92,3%, 89,6%, 89,5% y 88%.
Salamanca Es el que presenta mejor indicador tanto para todas sus entidades locales como para los ayuntamientos y Segovia tiene el índice más bajo en cuanto a ayuntamientos (82,3%).
El informe afirma que la sEl sector público local está compuesto por 4.748 entidades locales y 178 entidades dependientes y adscritas a entidades locales (31 organismos autónomos, 56 sociedades mercantiles, 3 entidades públicas empresariales, 47 consorcios, 31 fundaciones y 10 asociaciones).
A la fecha de cierre de este análisis (31 de octubre de 2022) 2.764 entidades locales presentaron la cuenta general del ejercicio 2021, el 58,2% del total, produciendo una mejora respecto al ejercicio 2020 de 0,3 puntos porcentuales.
Entre sus recomendaciones fundamentales, El Consejo de Cuentas propone impulsar la cobertura de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con autorización nacional; fortalecer los medios de intervención local; fortalecer la asistencia a los municipios; actualizar la regulación de las multas coercitivas en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas o falta de colaboración; o llevar a cabo reformas regulatorias para condicionar la recepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones públicas a una rendición de cuentas efectiva.
Respecto al segundo informe de auditoría de la estrategia de cambio climático 2009-2020 en Castilla y León, entre sus conclusiones destaca que Las emisiones totales de gases de efecto invernadero en 2020 fueron de 21.489 kilotones de CO2 equivalentelo que representa el 7,43% del total nacional, frente a 29.708 kilotones en 2009, lo que supuso un descenso del 27,67% en el horizonte temporal de la estrategia y del 36,11% respecto al año base 1990, situando a Castilla y León como la tercera comunidad que redujo sus emisiones fueron las que más se produjeron entre 1990 y 2020.
Respecto a las recomendaciones, el informe señala que la Junta, como ya han hecho el Estado y otras comunidades autónomas, La tramitación del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética debería concluir lo antes posiblepara disponer de un marco legislativo propio, basado en la organización de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, objetivo en el que, como también aconseja, debería crear la Oficina de Lucha contra el Cambio Climático.
También eso Ambienteen colaboración con el resto de Ministerios y entidades de la Administración autonómica con competencias en la materia, deberá preparar una nueva estrategia integrada de energía y clima para el horizonte 2030 e iniciar los trabajos necesarios para desarrollar una estrategia de adaptación al cambio climático, siguiendo los pasos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia de la Comisión de Adaptación al Cambio Climático.