Los familiares de las víctimas lamentan que deba pagar una pena pese a que está condenado por tres delitos de abuso sexual
El Juzgado de lo Penal número 1 de Matar ha condenado al sacerdote Josep B.G. a pagar una multa de 7.572 euros por abusar sexualmente de tres niñas que asistieron al catecismo para hacer su primera comunión en una parroquia de Alella (Barcelona) entre los años 2008 y 2009. La sentencia considera que el sacerdote “en fecha indeterminada pero en cualquier caso Durante este período, en repetidas ocasiones y aprovechando dichas clases”, condujo individualmente a las tres víctimas a una habitación “con el pretexto de recitar las oraciones que debían memorizar”.
Sin embargo, el juez de Matar cree que el condenado “con el fin de obtener una satisfacción sexual temporal, conociendo y consciente de la edad de las menores y sin su consentimiento”, acarició sus cuerpos bajo la ropa. Por eso lo condena por tres delitos de abuso sexual, aunque aplica la atenuante de dilaciones indebidas ya que han transcurrido varios años desde que se inició la investigación hasta que se dictó la sentencia.
De este modo, en lugar de una pena de prisión como solicitan la Fiscalía y la acusación particularquien representa al abogado Esteban Gómez Rovira En representación de las víctimas y de sus madres, el condenado deberá pagar una multa. En el juicio la acusación pidió hasta 9 años de prisión por los delitos de abuso sexual.
Además de esta sanción, el tribunal impone al sacerdote el pago de 2.000 euros de indemnización por una de las menores que sufre importantes consecuencias emocionales y sexuales a consecuencia de estos abusos, cantidad que deberá cubrir directamente la Escola Pia de Catalunya. y de manera subsidiaria el Arzobispado de Barcelona. En este sentidoLa sentencia destaca que el sacerdote impartió catequesis dentro de la comunidad de Escoles Pies y en su calidad de miembro con facultades de vicario designado por el Arzobispado.y por eso considera que existe una responsabilidad de estas instituciones religiosas en no controlar al condenado.
Cuando los hechos trascendieron en 2010, el Arzobispado de Barcelona decidió trasladar al sacerdote a otro destino en la provincia de Lleida para evitar el escándalo. Los familiares de las víctimas no denunciaron los presuntos delitos en ese momento cuando les informaron que el sacerdote ya no trabajaría con menores. Sin embargo, decidieron hacerlo en 2016 ante los Mossos d’Esquadra tras conocer que el ahora condenado seguía impartiendo clases de catequesis en Balaguer. Al iniciarse este procedimiento judicial, la Congregación de la Escola Pia también decidió apartarlo preventivamente de cualquier actividad.
daños morales
La sentencia ha causado “indignación” en las familias, por lo que su abogado presentará un recurso de apelación al considerar que no hay dilaciones indebidas, ya que el procedimiento se retrasó en 2021 por si las partes llegaban a un acuerdo extrajudicial, que no llegó, y que El propio tribunal fijó la fecha del juicio para este año. Además, considere que deberá indemnizar a las tres víctimas, ya mayores de edad, con unos 38.000 euros por el daño moral causadoy también a sus madres que llevan más de 13 años sufriendo con este procedimiento judicial e incluso han visto como sus hijas ahora dicen que son incapaces de creer en Dios o no quieren saber nada más de la Iglesia a raíz de el abuso sufrido.
Dos de ellas no sufren ningún tipo de afectación por lo vivido pero la tercera fue reconocida tras ser tratada por psicólogos con estrés postraumático, que conlleva sentimientos de culpa, la sensación de que los hombres quieren abusar de ella o el deseo de evitar hablar. sobre lo que vivieron. ocurrió. Por eso el juez considera que puede tener relación con el delito que sufrió cuando tenía ocho años y le impone una indemnización de 2.000 euros por daño moral.
Tras conocer la sentencia y en declaraciones a este medio, marta ar., madre de una de las víctimas, expresó su “indignación” al comprobar que “este pseudo cura no irá a prisión” por las atenuantes demoras en la realización del juicio. “No pretendemos cobrar ningún tipo de compensación”, apunta Marta, quien añade que el condenado “podrá caminar libremente” y “podrá seguir haciendo catequesis y si no, sus colaboradores o personas que estén en el sacerdocio lo hará, y con esta frase veréis que no hay problema en poder seguir abusando de niños y niñas indefensos que confunden lo que es el afecto con la pornografía.
“Es lamentable que la justicia funcione así”, destaca la madre afectada, que añade que su hija fue la primera en denunciar los abusos cuando era pequeña y luego aparecieron más víctimas “cuando empezamos a preguntar”. También lamenta que en el juicio “un mal momento, recordando todo lo que pasó, todo lo que nos contaron las niñas cuando tenían ocho años” y aseguró que “desde el arzobispado nos engañaron” ya que prometieron sacar al sacerdote condenado por estar con menores “y no fue así”. “Pero lo peor de todo es que no irá a prisión, cuando debería ir, porque así entendemos que pagará por lo que ha hecho. No queremos dinero, queremos que se haga justicia”. “.
Transferencia a otra escuela
En 2016, cuando las familias denunciaron a los Mossos en Premi de Mar, la Escola Pia separó al cura de 83 años. En un comunicado explican que cuando se conocieron los hechos en 2010, las familias dijeron al sacerdote y el Arzobispado de Barcelona, que abrió una investigación y concluyó que se trataba de una falta leve, prohibió al sacerdote ejercer cualquier actividad ministerial relacionada con menores y ces de la parroquia. Sin embargo, fue trasladado a la Escola Pa de Balaguer y desde 2011 se desempeña como coordinador de los padres que imparten clases de catequesis.
La Escola Pía aseguró que la actual Congregación Provincial “no tenía conocimiento” de la resolución eclesiástica dictada a raíz de los abusos sexuales de Alella, hasta que los Mossos solicitaron información sobre el capellán denunciado. Agregaron que hubo una “falta de transmisión de información” entre los anteriores titulares de la Congregación Provincial y los actuales, aunque “esto no nos exime de la responsabilidad correspondiente”.
Por eso admitieron que “no se ha actuado de la manera adecuada ni se ha cumplido con la resolución del Arzobispado”, ya que la coordinación de los padres de familia que imparten las clases de catequesis en el colegio Balaguer es una tarea que tampoco pudieron realizar. y se comprometieron a “realizar un análisis cuidadoso de la situación y actuar en consecuencia”. Siete años después de la denuncia, llegó la sentencia.