El Consejo de Ministros ha decidido este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra la Ley 4/2023 de Planificación y Gestión Integrada de la Costa, aprobada por el Parlamento de Galicia el pasado mes de julio. Según explicó la portavoz del Gobierno, Isabel Gutiérrez, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, la esencia del reto es que la norma gallega “invade poderes estatales” y “se apropia de poderes exclusivos del Estado” en su regulación del dominio público marítimo-terrestre. El recurso también pide al TC suspender inmediatamente la norma, prerrogativa de la que dispone el Gobierno.
Gutiérrez ha detallado que el plazo para recurrir la norma “venció el 13 de octubre” y que se interpone “una vez oído el Consejo de Estado” y analizó el dictamen que aprobó el 21 de septiembre, que avalaría la inconstitucionalidad de la ley gallega. regla. . “No hay ninguna duda al respecto”, comentó el portavoz. El desafío abarca una treintena de artículos, casi el 40% del texto legal.
«Galicia se atribuye competencias propias que no estaban previstas en su Estatuto», añadió, “incorpora unilateralmente el mar al territorio de la Comunidad Autónoma”, “invade competencias pesqueras exclusivas en aguas exteriores” o “reduce la protección de los terrenos adyacentes a la orilla del mar”, aspecto este último del cual “Las comunidades siempre pueden acceder a un nivel de protección más alto, pero no a uno más bajo”. El Gobierno reconoce que “hay algunas Comunidades que han asumido competencias sobre costas”, como “Cataluña, Andalucía, Canarias y Baleares”, pero porque “sus estatutos” de autonomía lo reconocen expresamente, pero “Galicia no lo reformó”.
“La voluntad del Gobierno siempre ha estado en relación con la normativa de las Comunidades Autónomas, ha sido un diálogo permanente”, ha querido contextualizar, “podemos presumir de muchos acuerdos, 165 acuerdos totales en la última legislatura y 15 acuerdos parciales”. “, aunque “cuando se produzcan excepciones, es obligación del Gobierno velar y defender el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio, también en Galicia”.
Indignación en la Xunta
El Gobierno gallego ha expresado su profundo disgusto por la decisión del Ejecutivo central. En primer lugar, porque han esperado hasta casi el último día del plazo para impugnar la norma, sin buscar previamente un posible acuerdo a través de una comisión bilateral. “Buscan el enfrentamiento”, sostienen desde la Xunta. Tampoco hay noticias del dictamen del Consejo de Estado que apoya el recurso, porque precisamente la Consultiva Gallega consideró que no hubo invasión de competencias estatales.
La decisión del Gobierno ha provocado indignación de la Xunta de Galicia pero no se puede decir que la tomó por sorpresa. El presidente Alfonso Rueda ya mencionó esta posibilidad el lunes durante su intervención en el debate sobre el estado de autonomía en el parlamento autonómico. Ya sospechaba que el Ejecutivo central materializaría su amenaza, como finalmente ha ocurrido. La indignación está provocada por lo que se considera un trato desigual entre territorios. Mientras que a Canarias se le reconocía esta competencia sobre la gestión de su franja costera a través de una comisión bilateral y un Real Decreto, Galicia estaba obligada a solicitarla al Congreso de los Diputados a través de un proyecto de ley, lo que podría retrasar la tramitación durante más de un año. .
La norma gallega fue aprobada el pasado mes de julio en la legislatura autonómica sin votos en contra. Salió adelante con la mayoría absoluta del PP y la abstención de socialistas y nacionalistas, que incorporaron también casi el 40% de sus enmiendas a los artículos. La posición del PSOE gallego ante esta ley ha oscilado entre la ambigüedad y la contradicción. Cuando la Xunta envió el anteproyecto al Parlamento, los socialistas no presentaron una modificación de toda la ley, conscientes del apoyo social y empresarial que contaba la ley. En enero, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, calificó el texto como “casi una declaración de independencia”, una afirmación que ningún otro dirigente del PSdeG se ha atrevido a repetir.