Sumar, el partido liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha presentado este martes en Barcelona una propuesta de amnistía para los implicados en el proceso que incluye a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por desórdenes públicos y los de Tsunami Democrtic, la organización que inundó Cataluña con actos vandálicos para protestar contra la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que impulsaron el 1-O.
Se trata de la de Sumar, una propuesta que abarca desde el 1 de enero de 2013 hasta la constitución de las Cortes que tuvo lugar el pasado agosto y que tiene un carácter masivo, ya que los expertos de la organización que preside Díaz -presentes ayer en Barcelona, pero silenciosos- – defienden una amnistía a los principales líderes del proc, desde Carles Puigdemont y el resto de miembros del Govern que organizaron el 1-O, hasta los 700 alcaldes investigados por apoyarlo, las 700 personas imputadas penalmente en protestas separatistas , el investigado por el Tribunal de Cuentas o en la operación Volhov, del apoyo económico a la causa secesionista.
También serán amnistiadas las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encaminadas a impedir la celebración del referéndum, afirma el dictamen de los sabios de Sumar, en el que, eso sí, se especifica que los agentes susceptibles de ser acusados de Se excluirán de la medida de gracia la tortura u otros delitos contra la integridad moral.
La ley también excluiría a potenciales beneficiarios, como el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y la expresidenta del Parlament, Laura Borrés, condenada por corrupción y abandonada por la mayor parte del separatismo, que coincide en la imposibilidad de exonerarla. .
Sumar define la aprobación de la amnistía como una segunda fase de despenalización tras la concesión de los indultos y la supresión del delito de sedición y reconoce que su finalidad es resolver desde el punto de vista político el conflicto existente entre Cataluña y el Estado español, un afirmación que contradice el relato secesionista que defiende que la amnistía no es un punto final, sino el mecanismo que pondrá a cero el contador para comenzar a negociar un referéndum pactado con el Estado y cuyo resultado es vinculante.
En democracia no mandan los jueces, mandan los ciudadanos, defendió ayer Jaume Asens, el interlocutor entre el vicepresidente segundo del Gobierno y Puigdemont.
Que Sumar hiciera alarde ayer de su propuesta de amnistía no fue bien recibido por el Gobierno. La consejera de Presidencia del Ejecutivo catalán, Laura Vilagré, consideró que una presentación pública no es la mejor manera de contribuir a la negociación. El líder de ERC apeló a la discreción y destacó que la clave para desentrañar la investidura está en el PSOE y no en su socio de gobierno. Es al PSOE al que tenemos que arrastrar, afirmó la mano derecha de Pere Aragons para insistir en que la estrategia de ERC pasa por negociar con los socialistas, aprovechando la fluida relación que ambas fuerzas comparten desde la pasada legislatura. El candidato es Pedro Sánchez, no Yolanda Díaz, abundan en este periódico fuentes republicanas.
Toni Comán, el exconsejero de la Generalitat que acompañó a Carles Puigdemont en su fuga y que aborda personalmente las negociaciones con Sumar para acordar las condiciones exactas de la medida de gracia, no comparte las valoraciones del Gobierno y de ERC. El líder de Junts sostuvo ayer que la propuesta del partido de Yolanda Díaz es buena y servirá para abrir un camino que tarde o temprano el PSOE también deberá acabar recorriendo. Comén confía, por tanto, en que la presión pública ejercida por Sumar acabe empujando a los socialistas a aceptar un artículo más generoso con las exigencias de los partidos independentistas de lo que les gustaría.
Los artículos de la ley, ya filtrados por Sumar la semana pasada, se hacen eco de la propuesta que ERC, Junts y la CUP llevaron al Congreso en 2021 para intentar anular las sanciones del procès. Propuesta que ni siquiera pasó la tramitación de la Junta y fue derribada por el PSOE, el PP y Vox.
Uno de los principales obstáculos, sin embargo, es que los independentistas reclaman que la ley de amnistía debe garantizar la no repetición de actuaciones judiciales o administrativas que puedan perseguir, en el futuro, las nuevas actuaciones del independentismo para avanzar hacia la autodeterminación.