La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado al exalcalde de Cuchillosel exsecretario interviniente del Ayuntamiento y el exconcejal de Hacienda y tesorero del consistorio con el PP por los delitos de falsedad en documento público, prevaricación y malversación, cometidos entre 2013 y 2014.
La sentencia, consultada por torrevieja news today, considera probado que el entonces secretario interviniente municipal, Antonio Paredes, emitió tres certificados -dos de ellos con el visto bueno del primer edil popular, José Vicente Torres- para obtener subvenciones en las que se denunciaban partidas inexistentes en los presupuestos municipales, que no habían sido aprobadas. Asimismo, señala que ambos dividen los contratos que en realidad pertenecía a la misma obra -la pavimentación y mejora del alumbrado y bombeo en una urbanización- para evitar un concurso público.
Además, “aprovechando la ausencia de control tanto interno como externo” del Ayuntamiento “realizaron transferencia de fondos y emisión de cheques injustificados» que contribuyó a incrementar su patrimonio personal. El exsecretario recibió 44.394,18 euros en siete transferencias -a los que se suman otros 13.668 entre 2015 y 2016 ya auditados por el Tribunal de Cuentas- y el exalcalde transfirió 21.134,24 euros sin justificación, mientras que la tesorera del consistorio en aquel momento, Amalia Sabio recibió 602 euros en dos cheques al portador.
Una cantidad que Paredes y Wise han reintegrado. Torres, por su parte, ha ingresado 16.000 euros en la cuenta del juzgado, por lo que se contempla para todos la atenuante de reparación del daño. También se suman dilaciones indebidas, ya que la investigación ha sufrido muchos retrasos desde que se inició en 2016 tras el cambio de color político en el gobierno local.
El entonces interventor municipal fue condenado a dos años y medio de prisión por un delito continuado de falsedad en documento públicoInhabilitación para el servicio público y multa de 3.000 euros.
El tribunal también lo considera responsable de un delito de malversación de fondos por el que acarrea una pena de dieciocho meses de prisión e inhabilitación por cuatro años. Además, como cooperador necesario en un delito de prevaricación a la inhabilitación para cargos públicos y al derecho de sufragio durante cinco años.
El exalcalde popular está inhabilitado por cinco años por prevaricación y es condenado a once meses de prisión y dos años de inhabilitación por malversación, así como a devolver íntegramente el dinero sustraído de las arcas municipales con intereses.
Finalmente, la exfuncionaria de Hacienda es condenada a cinco meses de prisión, el mismo tiempo durante el cual no podrá desempeñar ningún cargo o empleo público, y a una multa de 300 euros por malversación de fondos.
El imputado deberá afrontar las costas procesales. La sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.