La cruzada judicial contra los charlines, el famoso clan gallego que introdujo el hachís, primero; y la cocaína, posteriormente, durante los años 80 y 90 en Galicia, fue retomada el mes pasado en la Audiencia Nacional cuando se abrió un nuevo proceso: un juicio a sus integrantes por blanqueo de hasta 15 millones de euros procedentes del narcotráfico. Hasta ahora, cuando les ha llegado el momento de declarar, sus miembros Han intentado desvincularse de la causa y han asegurado que su patrimonio no se debe al narcotráfico, negando sus vínculos con las empresas que, afirma, habrían sido utilizadas para el blanqueo de capitales. Sin embargo, fuentes policiales Sostienen ahora que hay pruebas lo que sugiere que estas firmas, a pesar de estar a nombre de terceros, sí pertenecían al clan.
Así lo explicó este miércoles uno de los policías que intervino en la investigación por blanqueo de capitales, en el cuarto día del juicio en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares contra cuatro de los hijos del ahora fallecido capo Manuel. Charlín. y dos de sus nietas, así como tres testaferros. La relación, dijo durante su interrogatorio, podría establecerse gracias a las intervenciones telefónicas que realizaron a los miembros de la familia Charlín y que habría revelado la verdadera propiedad detrás del funcionamiento de las empresas, informa Europa Press.
A modo de ejemplo, preguntado por el fiscal del caso, el agente ha confirmado que en realidad “el verdadero dueño” de la depuradora de marisco subastada y adquirida por Natalia Somoza, hija de Teresa Charlín, Siempre era este segundo. Y, para ocultar vínculos como ese, el clan habría recurrido a todo tipo de subterfugios; entre ellos, el agente ha señalado que la preferencia que mantenía el constructor Ramón Rodríguez Paz, otro de los imputados, sobre la adquisición de dicha planta, para, supuestamente, poder cobrar una deuda anterior respondería a una estrategia para que el negocio no estaba a nombre del verdadero propietario.
En realidad, esa deuda habría sido pagada previamente y “posiblemente”, dijo el interrogado, fue mentira. «Es el sentimiento que teníamos (…) porque Ramón nunca mostró interés en tomar el control”, ha explicado.
Otro vínculo que ha establecido el investigador fue el de la familia Charlín con la propiedad de una fábrica en Quingdao (China) y con otra de las empresas investigadas, Orco Galaica, para la que también trabajaban otros de sus familiares. Según él, de las mencionadas conversaciones telefónicas interceptadas se pudo deducir que Óscar Charlín, también imputado, era el director, aunque delegó en terceros cuando tuvo que ir a prisión.
Una vez finalizadas las preguntas del fiscal, las defensas han argumentado en contra de las declaraciones del interrogado, señalando que muchas de sus afirmaciones eran basado en meros “sentimientos”, informa Ep.
cuentas bancarias suizas
El miércoles hubo un segundo testigo que no se presentó – según alegó, por haber perdido un vuelo, a lo que el fiscal no dio credibilidad y pidió que lo citaran nuevamente, bajo riesgo de ser detenido si era detenido. . se niega a declarar, por lo que una vez terminado el turno del investigador llegó el momento de que el funcionario de Vigilancia Aduanera a cargo del análisis de movimientos bancarios que el clan hizo en Suiza.
La investigación policial les había permitido encontrar varias cuentas abiertas en bancos donde se depositaron importantes cantidades de dinero procedente del narcotráfico entre 2000 y 2010. Según el Ministerio Público, la cuenta denominada ‘Malla’ contenía 1,3 millones de euros; ‘Viauton’, un total de 757.844 euros; y el denominado ‘Blue’, 239.424 euros.
Según la funcionaria, realizó hasta dos informes sobre esas cuentas que analizaron la documentación enviada por las autoridades suizas. En su trabajo pudo comprobar que todos Estaban relacionados con la familia Charlín: Josefa Charlín era la propietaria, mientras que Noemí Outón -su hija- y Óscar Charlín -su hermano- figuraban como abogados. Además, añadió, nunca se realizaron controles adecuados sobre el origen de esos fondos.
Según ha explicado, en el perfil de cliente remitido por el banco se informaba del origen de ese dinero y se constataba que Josefa declaró que procedía de una marisquería que tenía en Galicia y que contaba con 150 empleados, pero El gerente no comprobó si lo que decía el cliente era real. “Él sólo recoge lo que le informan”, resumió el funcionario. Cabe recordar que este lunes Josefa había asegurado que ese dinero no provenía del narcotráfico, sino de la venta de una cantera de granito que se realizó en los años 90, destacando que designó como agente a su hija, Noemí, para que, si le sucediera algo, ésta podría reclamar las cantidades.
Finalmente, el interrogado ha confirmado que los fondos de estas cuentas abiertas en el año 2000 procedían de otras del Citi Bank que Operaban bajo el nombre de cuenta ‘Gaia’. Ese depósito, a su vez, había sido financiado con fondos de dos empresas panameñas cuyos propietarios, constató el funcionario, no habían presentado, desde 2007, declaración alguna al Tesoro con las ganancias de esas cuentas en el exterior.
Solicitud del Fiscal
La Fiscalía Antidrogas solicita, en este caso, penas que oscilan entre los cinco y los seis años de prisión para cada uno de los acusados, y multas que oscilan entre los 10 y los 12 millones de euros para cada uno y, según Ep, “también le interesa en la confiscación a favor del Estado de bienes patrimoniales”, en concreto, de la citada depuradora de marisco en Arousa (Pontevedra), “varios pisos, trasteros y garajes en Vilanova de Arousa y fondos bloqueados en Suiza, entre otros”.