Fue en abril de 2022, cuando la Audiencia de Barcelona ordenó reabrir la causa contra Ada Colau por presunta coacción a un fondo inmobiliario, Vauras, después de que el Ayuntamiento le sancionara por negarse a ofrecer un alquiler social a los okupas de un bloque de viviendas de su propiedad, conocido como ‘Bloc Llavors’. Ahora la Fiscalía pide a la expediente de queja considerando que no se puede acreditar coacción ni prevaricación, ni del entonces alcalde, ni de los técnicos municipales investigados.
Fue en junio de 2020 cuando el fondo presentó la denuncia contra el alcalde y otros cargos del concejo. El instructor lo archivó pero, tras el recurso del fondo, la Audiencia Provincial ordenó reabrir la causa. El tribunal indicó así que el ayuntamiento podría recurrir a la “amenaza” contra vauras, al no conceder permisos de construcción, como un “mecanismo intimidatorio” para hacerle “ceder a sus demandas”: conceder un alquiler social a los okupas. Por este motivo, el ayuntamiento impuso sanciones por valor de 400.000 euros a Vauras, pero, como informó torrevieja news today, menos de una semana después de que la Audiencia imputara a Colau, el consistorio revocó el expediente sancionador que había girado, y notificó la devolución de las cantidades embargadas. por las seis sanciones, que el gobierno municipal no ejecutó.
Ahora, tras el nuevo pedido de desestimación de las defensas, el fiscal señala ahora que Vauras “nunca aportó las grabaciones” donde, supuestamente, se escuchó la coacción para imponer la transferencia del inmueble para alquiler social. Tres años después sí aportó las transcripciones, aunque en ellas, señala el Ministerio Público, no se aprecia el “carácter intimidante necesario para considerar cometido el delito, ya que el alcalde no participó en ellas, ni directa ni indirectamente”. dice. el comunicado emitido este viernes.
Además, en cuanto a la tramitación de expedientes municipales, tanto sancionadores como de obras, el fiscal señala que la existencia de prevaricacióndestacando que en la mayoría de los expedientes no participó ni siquiera la mayoría de los imputados.
Durante su comparecencia ante la investigación, en marzo de este año, Colau negó haber presionado al fondo para impedir el desalojo del bloque. También aseguró que no había intervenido en el otorgamiento de licencias de construcción, que no había dado instrucciones a nadie y que no había firmado ninguno de los expedientes sancionadores contra la empresa.
Según Colau, que propuso sancionar a Vauras, en virtud del decreto ley -entonces vigente- de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda en Cataluña y por el que los grandes propietarios tenían la obligación de ofrecer alquileres sociales a personas en situación de vulnerabilidad, estaban los servicios legales de la Instituto Municipal del Habitatge.
«No hay ninguna causa. Ya hemos presentado 11 denuncias. Otros alcaldes de la ciudad fueron denunciados por entidades vecinales, y nosotros fuimos denunciados por los grandes operadores, que no están acostumbrados a que les paren los pies”, señaló en su momento.