El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dictado la apertura de juicio oral al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez y al ex Subdirector de la Policía Eugenio Pino, entre otros, por una batería de delitos que van desde malversación y tráfico de influencias hasta la revelación de secretos en la denominada operación Kitchen.
Se trata de una supuesta operación policial orquestada por el Ministerio del Interior y costeada con fondos reservados que habría tenido como objetivo sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación en su poder que comprometía al partido y a sus militantes en el apogeo del estallido del caso Gürtel, entre 2013 y 2015. El despliegue contó con la colaboración del chófer de la familia en aquel momento, Sergio Ríos Esgueva, a quien se le pagaba una cuota mensual y que posteriormente se incorporó a la Policía.
Las investigaciones continúan desde 2018 en la pieza separada número 7 de la macrocausa contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional. Ahora, después de más de cuatro años de investigación y de haber descartado por el camino que la dirección del Partido Popular y, en concreto, su exsecretaria general Dolores de Cospedal, hubieran impulsado la operación Kitchen, el juez sienta al banquillo a la dirección de Interior y policía de la época.
La orden, además de a Fernández Díaz, Martínez y Pino, a quienes se imponen 120.000 euros de fianza, envía a juicio a los comisarios José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas y Andrés Gómez Gordo, así como a Villarejo y a los policías José Ángel Fuentes Gago. Bonifacio Díez Sevillano y Sergio Ríos. Se les imponen fianzas de entre 2.000 y 100.000 euros.
En la lista también aparece el comisario Enrique García Castaño, aunque el asunto le fue archivado provisionalmente por graves problemas de salud, aunque los autos de acusación de las partes mantuvieron vivos los cargos. En el grueso del caso se le investiga a la espera de los informes médicos que irán confirmando progresivamente su impecable estado.
También comparecen Olivera, Fuentes Gago y Díez Sevillano, porque el juez ha descartado exonerarlos, como solicita la Fiscalía Anticorrupción, y además los envía a juicio porque el resto de partes presentan acusaciones contra ellos. También descarta implicar al Partido Popular, como pide la acusación del PSOE, como responsabilidad civil con fines lucrativos por el hecho de que el exministro tuviera carné de afiliación.
El Estado, responsable subsidiario
Sí, entre los imputados se encuentra la Administración General del Estado como responsable civil subsidiaria de los actos de los involucrados, todos los funcionarios públicos o en el ejercicio de cargo público cuando ocurrieron los hechos, en línea con la solicitud del Ministerio Público.
El auto, que recoge las conclusiones provisionales de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones formuladas por el PSOE, Podemos y la familia de Luis Bárcenas, envía a juicio la operación Kitchen por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, contra la intimidad y obstrucción de la justicia. En el caso del PSOE, Podemos y la familia Bárcenas añaden también los de organización criminal o asociación ilícita, entre otros.
Sólo Anticorrupción pidió ya 15 años de prisión para Fernández Díaz y Martínez por delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad. Para los agentes de policía, la pena oscila entre 12 y 19 años de prisión.