Se instalará todo el dispositivo, pero prácticamente no habrá restricciones porque no son necesarias. Se trata de las últimas noticias sobre la implementación -sin fecha aún- del Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que ha hecho público el Ayuntamiento de Valencia, una de las ciudades obligadas por ley desde principios de 2023 a limitar la circulación de los vehículos más contaminantes cuando se superen los índices de contaminación en determinadas zonas. Son los consistorios, precisamente, quienes tienen que definirlos.
Los primeros estudios realizados por técnicos municipales revelan que ningún barrio de la capital del Turia alcanza los umbrales estipulados en la legislación estatal y europea. «Se pone en marcha la ZBE y se instalarán las cámaras, pero no es necesario aplicar medidas restrictivas. Sólo aplicaremos restricciones cuando se superen los umbrales, pero es una posibilidad remota”, ha explicado este viernes el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell.
Por tanto, no habrá restricciones generales ni tendrá que prohibirse habitualmente la entrada de vehículos en determinadas zonas. Esas medidas Sólo se activarán en“algún día específico”, como puede ocurrir en días con alta presencia de polvo sahariano. En ese caso, para clasificar los vehículos según los gases contaminantes que emiten se utilizarán los distintivos medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Existen cuatro diferentes, en función de su impacto ambiental y eficiencia.
El anterior equipo de gobierno de Compromís y PSPV se formalizó en enero -con un plazo de ejecución de dos años– el contrato para el suministro del sistema de gestión y control ZBE. También servicios de ingeniería, gestión y consultoría. En total, 9,3 millones de euros.
Una infraestructura que incluyó 93 puntos de control con 274 cámaras para leer automáticamente la matrícula de cada vehículo que acceda a las zonas acotadas. El sistema se completa con 52 sensores de medición ambiental -también en parquímetros y autobuses de la EMT-, 44 paneles informativos y una aplicación para la monitorización y control de la calidad del aire.
Pero el ordenanza que debía regular qué vehículos podrán ingresar a cada zona o las excepciones quedó en el limbo en plena carrera electoral, con el horizonte de ver la luz durante el segundo semestre de 2023 tras un proceso participativo. Con la llegada al poder del PP, se sigue ultimando el texto normativo, según fuentes municipales, con el objetivo de no cometer los mismos errores que sus antecesores en la creación de la Zona Prioritaria Residencial (APR) de Ciutat Vella.
Los pliegos del contrato firmados por el anterior Ejecutivo local dividían la ciudad en cinco zonas diferenciadas: Norte 1delimitado por el antiguo cauce del río Turia (margen izquierda), la Ronda Norte y el litoral marítimo, excepto el recinto de la Politécnica; Norte 2correspondiente al campus de la Universidad Politécnica de Valencia; Centrodelimitado por el antiguo cauce del Turia (lado derecho), y las calles Colón, Xàtiva y Guillem de Castro; Sur 1, delimitado por el antiguo cauce del Turia (lado derecho), Avenida del Cid y V-30, excepto la zona Centro e incluyendo Nazaret y Pinedo; y Sur 2los barrios situados entre Ronda Sur y V-30.
El incumplimiento de las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de la ZBE supondrá la sanciones. El Real Decreto que el Consejo de Ministros aprobó a finales de diciembre de 2022 para establecer los requisitos mínimos que deben cumplir estas zonas en toda España considera esta conducta como una infracción grave, por la que la multa económica ascendería a 200 euros.