El conductor investigado consiguió que en su tarjeta personal no quedaran registrados los tiempos de conducción y de descanso, lo que le permitió aumentando así su jornada laboral o reduciendo su tiempo de descanso. Asimismo, el tarjetahabiente fue investigado por su necesaria cooperación en la consumación del delito.
“Este fraude, que afecta directamente a la seguridad vial, provoca un notable cansancio en los conductores, que alargan su jornada laboral, y atenta igualmente gravemente contra la propia organización del sector del transporte”, especifica el Instituto Armado.
Este tipo de hechos son objeto de procesos penales desde 2020, en los que la Corte Suprema, A través de su Sala Penal, estableció que una de las formas de falsificación corresponde a casos en los que “la formación de un documento parece provenir de un autor distinto al real (falta de autenticidad o genuinidad subjetiva)”, que es lo que sucede al conducir con la tarjeta de tacógrafo de otro conductor.
En la investigación se les acusa de un presunto delito de falsificación de documentos, que puede acarrear penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta doce meses.