Francisco Martínez, que fue secretario de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior comandado por Jorge Fernández Díaz, ha recurrido el auto que se encuentra en el banquillo de los acusados por la Operación Kitchen para pedir a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se lleve también al Partido Popular fue procesado como parte civil subsidiaria en calidad de partícipe lucrativo, extremo que fue rechazado por el juez al decretar la apertura de juicio oral.
El escrito, al que tuvo acceso torrevieja news today, hace referencia a la postura del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón al desestimar la petición que el PSOE había planteado en la recta final de esta causa sobre presunto espionaje policial al tesorero del PP Luis Bárcenas con con el objetivo de sustraer documentación comprometedora para el partido en pleno caso Gürtel.
El juez desestimó esta pretensión porque entendió que introducir este requisito “a alguien que no ha sido citado en tales condiciones hasta este momento procesal podría conllevar previsibles nuevas exigencias de investigación y aportación de datos, en definitiva, retroacción del procedimiento, a un momento procesal.” en el que esto es imposible.
La defensa de Martínez llevada a cabo por el abogado Juan Antonio Frago no lo ve así. Considera que la tesis del instructor es “exótica” y supone que “habría prescrito la acción civil ya que nadie ha citado al PP como civilmente responsable hasta ahora”. Afirma que implicaría “la prescripción, en la práctica, de casi todas las responsabilidades civiles en todo tipo de delitos”.
Por ello, insta al Juzgado a revocar esta parte del auto, porque además, considera “absolutamente lógico que, si se supone que nuestro cliente, junto con los demás coimputados, cometió el delito para favorecer al PP y hay posible sentencia civil», responde también el partido, sobre todo porque, dice, «cuantos más posibles autores haya, mayores garantías de supervivencia» tiene Francisco Martínez.
También deja un mensaje en el camino y es la “anomalía acusatoria” que a su juicio se ha producido en Kitchen porque los registros y escritos indican que el imputado “supuestamente decidió espiar y finalmente robar información sensible al señor Bárcenas, siempre en beneficio del Partido Popular y utilizando fondos reservados para este fin.
«Misteriosamente ni la Fiscalía, ni la Fiscalía del Estado y más misteriosamente aún la familia Bárcenas, PSOE y Podemos se han olvidado de solicitar la acusación del Partido Popular como persona jurídica, habiendo acusado a los autores, policías y responsables políticos que supuestamente cometió estos crímenes para favorecer al PP”, dice la carta.
Destaca que “según los relatos fácticos de los documentos de acusación, el beneficio directo o indirecto para el PP figuraría” en un delito que “prevé la responsabilidad penal de la persona jurídica desde 2010”, así como el cohecho y la influencia. venta ambulante. .
Diversidad de fianzas
Asimismo, solicita que se revoque la fijación de fianza que ha fijado el magistrado instructor y que impone 120.000 euros al ex ministro del Interior, así como a su número 2, mientras que se establece en una horquilla de entre 2.000 y 100.000 euros para el resto de los once imputados en Kitchen.
Dice que la diferencia entre uno y otro no tiene motivación y pide que todos sean iguales porque, según alega, siendo todos coautores en caso de condena tendrían que pagar la responsabilidad civil entre todos por igual.
tiene nuestro representante.
«Es absolutamente lógico que, si se supone que nuestro cliente, junto con los demás coimputados, cometió el delito para favorecer al PP y existe una posible sentencia civil, o incluso que la suspensión de una hipotética pena puede implicar la pago de la responsabilidad civil, cuantos más posibles culpables haya, mayores garantías de supervivencia tendrá nuestro cliente.