El Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real celebrará el próximo jueves 26, a partir de las 10:00 horas, un juicio contra JPM, acusado de un delito continuado de abuso sexual contra la sobrina de su pareja sentimental, cuando ella tenía 13 años, por lo que solicita el Ministerio Público por cinco años de prisión.
En el otoño de 2021, según la carta del ministerio fiscalla víctima visitó la casa del acusado, su tío, para jugar Play Station con algunas de sus sobrinas.
Cuando las niñas se marcharon, al encontrarse solas, el acusado, para satisfacer sus deseos sexuales, comenzó a tocar las piernas, muslos y zona genital de la joven -identificada como B.-, repitiendo los toques directamente en sus genitales.
Posteriormente y hasta el 18 de octubre de 2021, el imputado, en repetidas ocasiones sin poder precisar un número exacto, cuando visitó el domicilio familiar donde vivía la menor, se acercó a su habitación, se sentó en la cama donde yacía y, atentando contra su indemnización sexual, La tocó desde la pierna, ascendiendo hasta los muslos y la zona genital.aunque en estas ocasiones sobre o sobre la ropa, sin contacto directo con la piel.
La menor permaneció inmóvil paralizada por el miedo, y en la última ocasión que esto ocurrió, el 18 de octubre de 2021, se levantó de la cama, se fue y al día siguiente le contó lo sucedido al jefe de Estudios y a la educadora del Instituto. de Educación Secundaria donde estudió.
El 22 de octubre de 2021 por Juzgado de Instrucción número 3 de Ciudad Real Al acusado se le prohibió acercarse y comunicarse con la víctima.
El Ministerio Público considera que los hechos constituyen un delito continuado de abuso sexual a un menor y, además de una pena de 5 años de prisión, solicita una medida de libertad supervisada que se ejecutará después de la pena privativa de libertad. durante siete años, por la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima. Asimismo, solicita que los imputados participen en un programa de educación sexual.
Asimismo, considere imponer una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, remunerado o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad por un período de once años.
El Fiscal también considera que procede imponer al imputado la pena de prohibirle acercarse a la persona, domicilio, colegio o cualquier otro lugar donde se encuentre la víctima a una distancia inferior a 200 metros, así como comunicarse con a través de cualquier medio o procedimiento, directa o indirectamente, por un período de seis años.