El exdirigente de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terrerosha atacado al PSOE, del que sigue siendo miembro, por el apoyo de los siete representantes de Junts per Catalunya, la formación de carlos puigdemonta la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras nuevos encargos negociados tanto con ese partido como con ERC.
En declaraciones recogidas por la asociación La España que Reúne, Redondo ha vaticinado que la XV Legislatura que acaba de comenzar “se colocará en la lista de los episodios más vergonzosos de nuestra historia moderna”. Y ello porque la elección de la Junta de la Cámara Baja fue, a su juicio, algo “desafortunado” que “nos devuelve a la España atrasada, de pandereta, que el resto de europeos veía durante mucho tiempo como una anomalía”.
El abogado y exdirigente del PSOE concluye que “los llamados progresistas nos han devuelto al siglo XIX” y afinando más, afirma que “los socialistas, siendo el eje de esa alianza, se sitúan con quienes con frecuencia en nuestra la historia frustró las ilusiones de progreso del pueblo español”.
Para Redondo, Puigdemont “dijo que necesitaba hechos comprobables antes de la elección de la Mesa del Congreso y es evidente que sus pretensiones han sido satisfechas. Pero lo importante es comprobar que hemos aceptado que el árbitro de la política española es un personaje que oscila entre el carlismo decimonónico y el Trump (Donald)» y por ello « es inadmisible que los españoles dependan de un político independentista prófugo, para no comparecer ante la justicia española ».
Dirigiéndose directamente a su partido, el hijo del líder histórico de la Unión General de Trabajadores (UGT), fallecido este año, asegura que “el PSOE debe saber que en política no se puede hacer todo lo que no sea delito. El Código Penal no debería haber sido modificado durante la pasada legislatura para satisfacer necesidades parlamentarias, pero es aún más intolerable que el Gobierno de España se permita ser secuestrado por un prófugo”, dice en referencia a la eliminación del delito de sedición y la rebaja de penas por malversación llevada a cabo por el Ejecutivo de Sánchez.