Puigdemont insiste en el “reconocimiento nacional” y que el Estado pida “perdón”
Los posconvergentes insisten en esta controvertida figura por dos motivos: su aceptación facilitaría la internacionalización del conflicto entre Cataluña y España, colocando a la región y al Estado en igualdad de condiciones, como si fueran dos actores soberanos que resuelven su estatus político. . El segundo motivo es que en Junts existe un temor atroz de que Sánchez acabe traicionando el acuerdo de investidura, negándose a negociar la celebración de un nuevo referéndum cuando ya se jubila en La Moncloa. Los herederos de Convergencia siempre acusaron a ERC de ayudar al PSOE a cambio de nada. Lo hicieron a pesar de la concesión de indultos y la supresión del delito de sedición. Así que el listón está alto y eso lleva a Puigdemont a querer una figura externa que dé fe del grado de cumplimiento del pacto de investidura y del avance hacia la autodeterminación que se produce a lo largo de la legislatura.
La contraoferta del PSOE sigue suponiendo la creación de una comisión de seguimiento para evaluar el desarrollo del acuerdo de investidura. Los socialistas no quieren oír hablar de la figura del ponente, que ya ha hecho saltar por los aires la negociación de los Presupuestos Generales de 2019 y ha obligado a Sánchez a convocar elecciones.
Pero las diferencias, de momento, irreconciliables entre los socialistas y Junts no acaban ahí. Si volvemos a Bruselas a principios de septiembre, recordaremos que Puigdemont enfatizó que el suyo tenía que ser un acuerdo histórico, el más relevante en el que ha estado implicada Cataluña desde 1714, fecha fundacional del separatismo catalán. Cómo plasmar eso en el papel también separa a Sánchez y al expresidente de la Generalitat en estos momentos. El presidente que organizó el 1 de octubre y declaró unilateralmente la independencia del Parlament exige al Gobierno reflejar en el acuerdo el reconocimiento nacional de Cataluña y que el Estado pida perdón a la ya reconocida nación catalana en el preámbulo de la ley de amnistía, aceptando que el Estado erró en su actuación para frenar el referéndum ilegal de 2017 y que llevó a cabo persecución judicial contra el independentismo en los años posteriores.
A todo ello se refería Puigdemont cuando fijó como primera condición del acuerdo el reconocimiento de la legitimidad democrática del independentismo. A esa y a otras peticiones ya cumplidas, como pedir a Europol que desvincule secesionismo catalán y terrorismo, algo que ya ha exigido el Ministerio del Interior, tal y como desveló EL MUNDO.
ERC está siendo más amigable en la negociación de la cartera de autodeterminación. Por mucho que el presidente de la Generalitat, Pere Aragons, insistiera solemnemente en el Senado en que la amnistía es sólo el punto de partida y que el objetivo final es votar la independencia, los republicanos están siendo menos exigentes que Junts a la hora de desembarcar. esta demanda. O eso se percibe al menos en el PSOE.
ERC acuerda que el Gobierno reactive la mesa de negociación sobre el conflicto. A su juicio, si el Ejecutivo revive el foro bilateral con la Generalitat estará implícitamente aceptando abordar la autodeterminación de Cataluña. ¿Qué otro tema se podría discutir en esa mesa cuando se haya concedido la amnistía? se lo preguntan los republicanos, que confían en que esta conversación prohibida acabe produciéndose a lo largo de la legislatura, como ocurrió con algunos indultos que también fueron irrealizables y se está produciendo una amnistía que todos los partidos ya dan por hecha.
Paradójicamente, las diferencias entre el PSOE y los republicanos radican en aquellas cuestiones que el independentismo tildaría de autonomistas. En las clásicas reivindicaciones del nacionalismo catalán: las que tienen que ver con la reducción del llamado déficit fiscal, que la Generalitat cifra en 22.000 millones, y con el traspaso de Cercanas. ERC les concede tanta importancia como a los aspectos soberanos. El PSC, que actúa como intermediario en esta etapa de la negociación, se abrió el viernes a una cesión parcial de la red ferroviaria, pero no de las líneas por las que circulan trenes que comunican con otras Comunidades Autónomas o con Francia. En lo que respecta al déficit fiscal, los de Salvador Illa invitan a los republicanos a abordarlo en el marco de una negociación más amplia sobre un tesoro federal español.