Al menos dos delegaciones, la de Letonia y Lituaniase han mostrado abiertamente en contra de modificar el reglamento que regula el uso de las lenguas oficiales de la Unión Europea para incluir el catalán, vasco y gallegoaunque el debate continuará a nivel técnico en el seno de los Veintisiete ya que un mayor número de socios se han mostrado dispuestos a seguir discutiendo si España detalla cuestiones clave como el coste o su reserva legal.
Así se ha reflejado en el debate de apenas media hora que los ministros reunidos en el Consejo de Asuntos Generales de la UE mantuvieron este martes en Luxemburgo, según han informado a Europa Press varias fuentes diplomáticas.
Ya a su llegada, el Ministro de Asuntos Exteriores y ex Primer Ministro de Letonia, Krisjani Karins, advirtió en una declaración a la prensa que no esperaba cambios en las normas sobre idiomas porque los Veintisiete han otros problemas”geoestratégicas en su agenda “a las que dedicar tiempo y centrarse”.
Una vez en la reunión, tanto Karins como su colega lituano, Gabrielius Landsbergis, expresaron su rechazo al “impacto político” que una medida así podría tener en otros Estados miembros como el suyo, donde hay una minoría de habla rusa, explican. las fuentes consultadas por Europa Press.
En cualquier caso, otra docena de países han tomado la palabra para indicar que están dispuestos a seguir discutiendo sobre la propuesta española, pero dejando claro que lo harán “sobre la base de un trabajo técnico más detallado”.
Esto demuestra que el Gobierno aún no ha respondido a la petición que varios Estados miembros hicieron en la ocasión anterior cuando se habló del tema, cuando todos los que intervinieron lo hicieron para solicitar una evaluación del impacto económico, práctico y jurídico de cualquier modificación. .
El Ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albaresha defendido ante el resto de ministros que España está dispuesta a asumir todo el coste del reconocimiento de las tres lenguas cooficiales, pese a que la inclusión en el reglamento europeo que el Gobierno pide modificar supone que la traducción y la interpretación de estas lenguas se financiaría con cargo a las arcas comunitarias.
Tras este segundo debate a nivel de ministros de la UE, España tiene previsto distribuir una propuesta “revisada” que aborde las preocupaciones expresadas por el resto de estados miembros, especialmente en materia de dudas jurídicas y de coste. Además, la Comisión Europea ha sido la encargada de presentar una evaluación del coste de cada una de las lenguas, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del debate.