El pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado este martes la nueva Ley de Patrimonio de la Comunidad de Galicia que, entre otras cuestiones, agiliza las herencias a favor de la Administración autonómica cuando no existen herederos legítimos actualizar la norma actual de 2011 de acuerdo con la norma estatal de 2015. El texto legal, que incorpora enmiendas de la oposición, contó con el apoyo del Partido Popular y del Grupo Socialista, mientras que el BNG se posicionó en contra advirtiendo de que abre la puerta a “otorgar concesiones sobre bienes públicos a voluntad”.
Mediante esta norma, según explicó la diputada popular Marisol Díaz, se pretende Facilitar y actualizar la normativa que regula el patrimonio de la Xunta bajo la premisa de lograr una “mejor prestación de servicios”. La principal novedad es la introducción de un procedimiento administrativo especial para que, en el caso de herencias vacantes sin otros herederos legítimos, la Administración General del Estado o aquellas comunidades autónomas con derecho floral o especial propio en la materia, así como el regulación de las denominadas propiedades baldías sin dueño conocido y de saldos y depósitos abandonados.
«Permitirá mejorar la gestión ordinaria de todo el patrimonio de la Xunta, facilitando su conocimiento, consulta y aplicación de las normas que la regulan.bajo la premisa de optimizar la prestación de los servicios públicos”, afirmó el diputado popular, según informó Ep, para explicar que “era necesario adaptar y hacer coherente la ley existente con las modificaciones que se fueron introduciendo a lo largo de estos años en la legislación estatal”. “
Por su parte, la diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo, recordó que esta ley, que cuenta con seis enmiendas de su partido, adapta la norma gallega de 2011 a la estatal de 2015, y Criticó que el Ejecutivo regional tardó 8 años en ejecutarlo, preguntándose si “no hubo mucho interés” por parte de los populares para llevar a cabo esta actualización.
Finalmente, la crítica más dura provino del diputado nacionalista Iago Tabarés, quien aseguró que este texto es un “ejemplo de la gestión de la Xunta” y de su “ausencia de voluntad para establecer una regulación propia acorde con la realidad gallega”. Advirtió, en este sentido, que el La ley abre la puerta a otorgar concesiones sobre bienes públicos a voluntad, con un “premio adicional” al otorgar a los beneficiarios derechos de adquisición preferente, y destacó que siempre que la administración venda bienes deberá ser mediante licitación.